Franceses postergan la salida de Aguas

Julio De Vido

Aguas Argentinas anunció ayer que retirará la demanda ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, pero continuarán litigando contra el Estado nacional los accionistas extranjeros: Suez, Aguas de Barcelona, Vivendi y Anglian Water. También, la asamblea de la empresa realizada ayer continuó postergando una definición sobre la fecha en que el servicio se restituirá al concedente, que es el Estado nacional.

La presentación ante el CIADI se había hecho en forma conjunta entre la prestataria local y los accionistas extranjeros por un monto de u$s 1.700 millones. Ahora se afirma que habría una baja significativa en la indemnización reclamada por el congelamiento y pesificación de las tarifas.

Pero el Banco de Galicia es el único accionista de la privatizada que queda fuera del juicio, porque no está de acuerdo y porque al ser una empresa nacional no puede resguardarse en los tratados de protección recíproca de las inversiones entre la Argentina y otros países.

Al quedar Aguas Argentinas fuera del litigio se facilitaría el traspaso del paquete de control de la empresa a eventuales interesados.

• Sin avances

No obstante, luego de la asamblea de accionistas realizada ayer se confirmó que por ahora no hubo avances con posibles compradores. Al respecto, según la empresa, la asamblea «analizó el estado de las negociaciones en curso con potenciales compradores».

El principal interesado fue un grupo liderado por el Fondo Fintech, pero las negociaciones se frenaron cuando el inversor no obtuvo respuestas del gobierno sobre un pedido de aumento de tarifas.

Ahora, en apariencia impulsado por el mismo gobierno, en particular por el ministro Julio De Vido, también habría algún interés de Eduardo Eurnekian, quien presuntamente se asociaría con el Banco de Galicia y otros empresarios locales.

De todas formas, cualquiera llegue a ser el comprador, siempre requerirá aumentos de tarifas y los mismos serán más altos cuanto más obra nueva pretenda el gobierno.

Por otra parte, ayer trascendió que Suez está en un proceso de reestructuración de la deuda con organismos multilaterales de crédito, y que negocia una quita de 23% aproximadamente. En principio, ya está a punto de concretarse un pago de u$s 250 millones.

Sin embargo, Aguas Argentinas, ya sea que sus acciones se vendan o se reestatice, sigue teniendo el pasivo (si bien con la quita acordada) con Suez. Por lo que trascendió, cuando el grupo francés anunció que se retiraba de la empresa local recibió una advertencia de los acreedores sobre la ejecución de las garantías que estaban a nombre del accionista principal, y esto lo impulsó a iniciar una negociación.

• Dificultad

Con un pasivo total de u$s 600 millones que a lo sumo podría reducirse unos u$s 140 millones, y sin posibilidad de ajuste de tarifas, resulta difícil que aparezca un comprador de las acciones de los inversores extranjeros, que suman más de 80%.

De todas formas, Suez, ya sea para no seguir perdiendo prestigio después del fracaso en otros países, o por sumar antecedentes a su favor para el juicio en el CIADI, no cerró todavía la posibilidad de que se cumpla la aspiración del gobierno y pueda haber un traspaso de las acciones.

Por otra parte, aun cuando en setiembre, al decidir retirarse de la concesión, Suez dijo que a los 90 días restituiría el servicio al concedente (plazo que vence en estos días), ahora evitó fijar una fecha para salir de Aguas Argentinas.

No sólo no puso plazo para irse, sino que tampoco citó a un nuevo encuentro para definir ese punto, aun cuando el 22 de enero, al pasar a cuarto intermedio, la asamblea de accionistas informó que propuso al Estado nacional «diferir por algunas semanas el plazo previsto para restituirle el servicio, a fin de facilitar un proceso de transición ordenada». Puede ser que la actitud obedezca a la controversia legal con el gobierno, según el cual la empresa no cumplió los pasos necesarios para irse en 90 días y debe quedarse un año, contado a partir de setiembre de 2005.

Pero de todas formas parece que hubo alguna negociación entre las partes que otorgó más aire al gobierno para buscar un interesado, siendo que, hasta donde se sabe, varios funcionarios no tienen interés en reestatizar un servicio que tiene numerosas dificultades y que va a seguir generando reacciones adversas en el público.