La Paz (Reuters, AFP) --Bolivia, que debate cómo incrementar el control estatal sobre sus enormes reservas de gas natural, dio ayer otro golpe a las compañías petroleras extranjeras que operan en su territorio al decidir forzarlas a firmar nuevos contratos cuando entre en vigencia una reforma legal.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Las 12 empresas afectadas tendrán seis meses para acomodar sus actuales 76 contratos a una nueva ley de hidrocarburos, que incluirá un aumento sustancial de impuestos. La norma fue aprobada en general por el Senado, ratificando parcialmente un proyecto que ya había pasado por la Cámara de Diputados, y anoche era tratado en particular.
El gobierno de Carlos Mesa intentará morigerar la ley quitándole el procedimiento que impone a las petroleras la obligación de convertir los actuales contratos de «riesgo compartido» en un nuevo régimen de «producción compartida». Vetar ese tópico de la legislación «nos evitará juicios» internacionales, explicó el ministro de la Presidencia, José Galindo. De modo coincidente, el embajador estadounidense, David Greenlee, manifestó su oposición a cualquier reforma y aseguró que «para nosotros los contratos son sagrados».
Bolivia tiene reservas de 53 billones de pies cúbicos de gas natural y entre las compañías que invirtieron amparadas en los 76 contratos ahora bajo debate figuran Petrobras (Brasil), Repsol YPF (España) y BP (Gran Bretaña).
El proyecto de ley incluye, además, un nuevo impuesto directo a la producción de 32% que se sumará a las regalías vigentes de 18%, algo reclamado por la izquierda parlamentaria y que el presidente Mesa y las petroleras han calificado como « confiscatorio».
• Aprobación
«Hemos aprobado la obligatoriedad de la migración de contratos a la nueva ley y, con esta medida, estamos recuperando la propiedad de nuestros hidrocarburos en boca de pozo», informó el senador Carlos Sandy, del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), partido que responde al cocalero Evo Morales y que propugna el aumento tributario.
El presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, dijo que prevé que este cuerpo legislativo aprobará el proyecto completo antes de mañana y que la nueva ley volvería luego a la Cámara de Diputados porque se prevé que los senadores introducirán algunos cambios.
Mesa ha expresado su disconformidad con el impuesto directo de 32%, planteando en cambio que ese gravamen sea deducible de otras obligaciones tributarias de las empresas. Las compañías petroleras han expresado también su rechazo al nuevo régimen, argumentando que los tributos terminarán anulando todas sus ganancias.
Dejá tu comentario