Gasto ya iguala al de fin de 2001

La explosión del gasto público hizo caer la convertibilidad. La devaluación lo «licuó» pero preocupa y mucho que ya esté en los niveles previos a la crisis del año pasado.

La convertibilidad se extinguió por los mismos motivos que 20 años antes había colapsado la «tablita» de Martínez de Hoz: una incoherencia total entre la política fiscal y la política cambiaria. No se puede «sostener» (ahora que está tan de moda hablar de sostenibilidad) un tipo de cambio fijo con un gasto público en las nubes y más cuando el déficit fiscal resultante se financia con endeudamiento externo. Sí, aunque duela reconocerlo, por la flagrante demostración de ignorancia que significa, durante la década que duró la convertibilidad volvimos a cometer el mismo e infantil error que a fines de los '70, en lo que marcó el comienzo de lo que posteriormente se denominaría la «década perdida», finalizada tristemente con la hiperinflación de 1989-1990.

El propio ministro Lavagna, apenas asumió como jefe de Economía hacia mediados de 2002, sostuvo que fueron tres las causas de la caída de la convertibilidad. Primera, una política fiscal irresponsable de aumento del gasto público. Segunda, cómo los mercados de capitales se complicaron desde el efecto tequila. Tercera, el fracaso de la Ronda Uruguay del GATT en cuanto al desmantelamiento de los sistemas de protección agrícola que existen en el Primer Mundo, que impidió una revalorización de los precios de nuestros commodities de exportación.

Durante la convertibilidad, y analizando sólo el gobierno federal (muy buen estimador de lo que pasa en el consolidado con provincias porque éstas siempre se gastan toda la coparticipación), el gasto público sin intereses (gasto primario) no sólo creció sino que virtualmente explotó: pasó de u$s 25.000 millones (15% del PIB) a u$s 55.000 millones (20% del PIB), o sea, más que duplicó su nivel en dólares y subió 33% en términos de un producto que había crecido una enormidad.

• Financiación

En una primera etapa, el déficit fiscal resultante se financió con la entrada de capitales proveniente de la privatización de empresas públicas. Una vez terminado el proceso de venta de activos, se financió con deuda externa. Luego del tequila, con los mercados de capitales menos propensos a asumir riesgos en América latina, se intentó reducir el déficit fiscal mediante impuestazos y el desequilibrio remanente se lo financió con menos crédito externo y más préstamos de los bancos locales.

Finalmente, sobrevino la crisis y el gasto primario cayó, en el tercer trimestre de 2002, al nivel de 15% del PIB, igual al del comienzo de la convertibilidad. Desde ese piso, tanto el gobierno de Duhalde como el de Kirchner no han parado de subirlo y hoy ya está en el mismo 20% del PIB que tenía antes a la caída del 1x1, o sea, otra vez creciendo 33% en términos reales. La gran diferencia, para bien, es que ahora hay superávit primario mientras que durante la última década todos los años hubo déficit. Si le agregamos que antes estábamos en un «poncy game» pagando los intereses de la deuda con más deuda y ahora no servimos nuestros pasivos externos por el default, no hay demasiado riesgo de que la cuestión fiscal sea desequilibrante desde el punto de vista macroeconómico en el corto plazo.

Un aumento del gasto primario nacional de 5% del PIB equivale a $ 15.500 millones durante 2003, que se explican por $ 9.200 millones de aumento de gasto propio de la Nación en: 1) $ 2.100 millones adicionales en el Plan Jefas y Jefes de Hogar; 2) $ 840 millones en una enorme cantidad de planes de ayuda social como el Adulto Mayor, El Hambre Más Urgente, plan Trabajar; extensión del seguro de desempleo por 6 meses para adultos desocupados con familia a cargo; etc.; 3) $ 950 millones en el reintegro del 13% a los asalariados del sector público; 4) $ 1.530 millones en el reintegro del 13% a los jubilados; 5) $ 450 millones en devolverles en efectivo a los jubilados el retroactivo por el 13% que les había recortado Cavallo en el segundo semestre de 2001; 6) $ 500 millones en el aumento de la jubilación mínima que decidieron Duhalde primero y Kirchner después; 7) $ 800 millones en obra pública en 2003; 8) $ 750 millones en bienes y servicios (gran nominalidad), y 9) más de $ 1.200 millones en «Otros».

Respecto de los $ 6.300 millones de transferencias a provincias que faltan para completar los $ 15.500 millones, cuando termine 2003, se sabrá que se los gastaron en su totalidad porque el interior habrá logrado cumplir la meta de superávit primario con el FMI ahorrando, solamente, la suba de recaudación propia por $ 1.800 millones.

• Alfileres

Kirchner está embarcado en una política fiscal en la que cada peso de recaudación por encima de los 2,5% de superávit primario se lo gasta. Así, se «patinará» $ 15.500 millones en 2003 respecto de 2002 y aun así cumplirá con lo pactado con el FMI. De todas maneras, está muy mal gastarse toda la recaudación adicional por encima de lo acordado con el FMI.

No se trata de generar más superávit primario para pagar más deuda, sino que el gobierno se está gastando toda la recaudación por encima de cierto nivel de superávit primario, cuando ese adicional de recaudación no sabemos cuánto tiempo lo podemos sostener porque se ha generado a partir de una recuperación económica que está prendida con alfileres. Lo mismo que con la convertibilidad. Y eso se llama imprudencia e irresponsabilidad. Lo contrario no es querer abortar la reactivación, sino evitar males mayores. Obviamente que si lo que se gasta es igual a lo que se recauda y se pretende generar superávit primario por encima de lo que se gasta, habrá que subir todavía más los impuestos, lo cual sí puede ser recesivo. Pero el problema, entonces, es que el gobierno ¡no para de gastar y debería parar ya!

La recaudación nacional de impuestos ya ha crecido 7% del PIB (más de 45% real) respecto del piso del tercer trimestre del año pasado y, sin embargo, la actividad económica no sólo no cayó sino que mejoró 6%. Si el gobierno, en vez de ahorrar 2,0% del PIB adicionales (3/4 del actual superávit primario) de 7% del PIB de mayor recaudación, se hubiera «quedado» con 4% del PIB, el superávit primario ya sería de 4,5% del PIB en vez del 2,5% del PIB de hoy, el acuerdo con el FMI ya se habría cerrado sin necesidad de un «ajuste recesivo», estaríamos cerca de reingresar en el mercado de capitales, habríamos alejado el fantasma de un nuevo default hacia futuro y la economía, en el peor de los casos, hubiera crecido 5% en vez de 6 por ciento.

O de otra manera, lo que podría haberse hecho es gastar algo en políticas sociales (jamás la Argentina tuvo indicadores sociales similares a Bolivia y Venezuela), pero mucho menos que la enormidad que se ha gastado, y usar algo del aumento de la recaudación que trae la reactivación económica en la eliminación de los impuestos distorsivos primero y rebajas en las alícuotas de Ganancias e IVA después. La presión impositiva formal sobre el sector privado es distorsiva, de un nivel insoportable y conspira seriamente contra el crecimiento sostenido.

Dado que el nivel del gasto público primario ya es el mismo que aquel que liquidó la convertibilidad y llevó al país a la tremenda crisis de fines de 2001/2002, daría la sensación de que mucho de lo que la sociedad argentina está padeciendo en términos de bajos salarios reales, pobreza, indigencia, marginalidad, confiscación de ahorros y destrucción de contratos es la contrapartida de un feroz impuestazo devaluatorio que la clase política le impuso para que ésta siguiera manteniendo intactos, vía el gasto público, los insoportables niveles de clientelismo, amiguismo y sistemas de favores de siempre, aunque con un cambio importante de composición a la luz de los nuevos aires que reinan en esta Argentina con los peores indicadores sociales de su historia.

Hoy, cuando el «reinstalar la movilidad social ascendente» es el núcleo de la política económica, hay que gastar en subsidiar la pobreza y la indigencia (ya sea a través de planes u obra pública de bajísima productividad) y no tanto en empleados públicos como en la década de convertibilidad. No en vano, a la suba de gasto público en remuneraciones estatales de los '90, hoy se anteponen decenas de nuevos planes sociales que buscan, con la dádiva oficial, que millones de argentinos tengan un pasar menos malo.