Indular, el grupo que encabeza Guillermo Gotelli, estudia seriamente la posibilidad de retirarse completamente de la «operación Gatic», luego de que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtiera en ley un proyecto que expropia las dos plantas que tenía la fallida textil en la localidad de Pigüé para entregársela al autodenominado Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. A pesar de que Felipe Solá había manifestado su voluntad de vetar la norma, ahora el trascendido indica que el gobernador la promulgaría. Esta decisión de Solá confirmaría la impresión que se tiene respecto de que el gobierno bonaerense no ve con buenos ojos a Gotelli como nuevo dueño de los bienes de Gatic. Por esto, el empresario retiraría en las próximas horas su oferta por otras tres fábricas de la empresa que fuera de la familia Bakchellian, las ubicadas en Pilar, Las Flores y Coronel Suárez.
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Gotelli había ofrecido unos $ 10 millones por este «paquete» y $ 4,5 millones por las dos de Pigüé; había sido el único grupo empresario que presentó propuestas económicas al juez de la quiebra, Francisco Cárrega. La decisión de los legisladores bonaerenses provocó honda preocupación entre los empresarios del sector, que la comentaron ayer en el cóctel convocado por la Cámara de la Indumentaria para despedir el año. Allí se recordó el caso de Brukman y de Textil San Remo -por citar sólo dos casos-de empresas entregadas a sus «trabajadores», a pesar de que nada en su situación financiero-legal habría justificado la expropiación. Lo cierto es que, además de la complicada señal que envía a la sociedad la decisión de los legisladores, el Estado bonaerense, principal acreedor de Gatic, en lugar de cobrar-(parte de su acreencia con el producido de la venta de las plantas) deberá pagar, sin que quede claro cuáles serán los mecanismos por los cuales podrá recuperar la « inversión». Cabe recordar que la provincia de Corrientes expropió la fábrica Gatic en San Luis del Palmar y se la entregó a una Cooperativa de Trabajadores. El gobernador se comprometió además a pagar el precio fijado por Cárrega para la planta en un plazo no mayor a 90 días. Y el gobierno bonaerense expropió la planta de San Martín para entregársela a la Cooperativa Unidos por el Calzado, decisión favorecida porque ningún otro grupo mostró interés.
En relación con Pigüé, Indular había ofrecido $ 4,5 millones luego de que la licitación quedara desierta por falta de ofertas (la base era de $ 9 millones). El juez, con el consentimiento del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la provincia de Buenos Aires y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (acreedor hipotecario y acreedor prendario respectivamente), la declaró adjudicataria porque nadie mejoró esa propuesta. Sin embargo, el miércoles los diputados sancionaron la expropiación y la posterior entrega de las plantas adjudicadas a Indular SA para entregárselas a la denominada Cooperativa Pigüé. Ahora habrá que aguardar hasta el próximo día 29, cuando se recibirían nuevas ofertas por Coronel Suárez, Pilar y Las Flores, que deberían mejorar la de Indular. Sin embargo, Cárrega podría encontrarse con la desagradable sorpresa de que Gotelli le anuncie que ya no tiene interés en ellas, habida cuenta del clima de incertidumbre política que crean las expropiaciones.
De todos modos, a poco más de tres meses de la declaración de la quiebra ya se conoce el destino de seis plantas de Gatic, y lo grave es que cinco de ellas permanecerán en manos del Estado o de quien éste indique: Rauch (el municipio), San Luis del Palmar, San Martín y las dos de Pigüé. La única adquirida por privados fue la pequeña instalación de Pardo, cerca de Coronel Suárez, comprada por la firma Avanti SA. El juez Cárrega, a pesar de esto, intentará liquidar el resto de las fábricas en los próximos días: el lunes y el martes está prevista la venta de Gatiprint (imprenta), La Calera (Córdoba); Miguelete (Capital Federal), el hotel de Tortuguitas, un megalocal en Mar del Plata y otros inmuebles y vehículos.
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