Gobierno asume crisis de energía pero traslada costo a empresas
El gobierno autorizó ayer una suba de 15% en las tarifas de Edenor y Edesur que sólo excluye a los hogares. Se suma a la decisión de aplicar un cargo específico para construir ampliaciones en los gasoductos. Las medidas significan, en primer lugar, que el gobierno asume -tarde, por cierto-la crisis energética y procura generar recursos que se destinen a inversiones postergadas. Hay, además, compromisos políticos de por medio, como con el gobierno español. Como las empresas no votan en octubre, son las más castigadas con esta decisión y deberán cargar con la partedel incremento que debía aplicarse a familias. En definitiva, es una suba adicional de costos sin tener en cuenta que, más allá de que la economía crece a 8%, hay sectores -no exportadores por cierto-que tienen ya una situación muy ajustada en sus balances.
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«Este es el primer paso en la recomposición de tarifas y es fundamental para el plan de inversiones de la empresa y para empezar a organizar la salida de parte del capital a la Bolsa», dijo ayer Alejandro Mac Farlane, presidente de Edenor.
En esa licenciataria, el grupo Dolphin, encabezado por Marcelo Mindlin, le compró la mayoría accionaria a Electricité de France en setiembre de 2005, impulsada por el propio gobierno para que ingrese capital nacional a las empresas de servicios públicos. Voceros oficiales se habían comprometido a dar rápido curso al entendimiento que recién se aprueba ahora por decreto presidencial, aun cuando las aprobaciones del Congreso y de los organismos de control estaban listas desde febrero de 2006.
En el caso de Edesur, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intervino activamente para que la controlante, la española Endesa, aceptara las condiciones del gobierno argentino en julio de 2005, durante un viaje del presidente Néstor Kirchner a Madrid. En los posteriores encuentros entre los dos mandatarios, siempre desde la parte española, se mencionó el incumplimiento de lo pactado.
La presión del grupo Dolphin, probablemente con ingreso más frecuente a los despachos oficiales, y el compromiso con España habrían terminado impulsando los decretos que se publicaron ayer en el Boletín Oficial.
No obstante, las subas quedaron pendientes de que las dos empresas admitan por escrito dejar para 2008 la revisión tarifaria integral por un período de cinco años, que incluirá por primera vez a los usuarios residenciales.
Desde el punto de vista de la economía, se considera razonable que comiencen a adecuarse las tarifas para impulsar obras que permitan superar las dificultades con la energía.
Expertos indican que desde 1992 a 2001 incluido hubo un traspaso de ingresos desde los sectores productivos a los de servicios públicos, y que desde 2002 hasta ahora hubo una transferencia a la inversa, que obligaría a buscar un punto más o menos equilibrado.
Por otra parte, es previsible que las industrias protesten por la suba de tarifas, aunque se estima que ya descontaron el aumento en el momento en que se lo anunció, a mediados de 2005. Desde el gobierno recuerdan además que el costo de la electricidad equivale a 2% de los costos promedio de las plantas fabriles.




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