Gobierno avanza con la suba de tarifas de luz

El Gobierno nacional aprobó incrementos en las nuevas tarifas para la energía eléctrica que comenzarán a regir el próximo lunes, a la vez que se fija una tarifa social para los clientes de menores recursos y valores segmentados para quienes realicen ahorros de energía.

El nuevo cuadro tarifario para el mercado mayorista, conocido a través de la resolución 6/2016 publicada en el Boletín Oficial, fue establecido por el Ministerio de Energía mediante la aprobación de la "Reprogramación Trimestral Definitiva" para el período febrero- abril de 2016, que había elevado la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

La medida adoptado por la cartera que conduce Juan José Aranguren, incluye un esquema de incentivos para quienes consuman menos energía (Plan Estímulo) y una tarifa social para personas con recursos insuficientes. A partir de este nuevo esquema, las distribuidoras ya se encuentran elaborando los cuadros tarifarios para los usuarios residenciales, tal como indicaron voceros consultados por ámbito.com.

La resolución abre la posibilidad de aumentos máximos para los clientes de mayor consumo que rondarían entre el 200 y 300 por ciento, según las primeras estimaciones. Además, establece un programa de incentivos para usuarios residenciales para el ahorro y uso racional de energía, con tarifas diferenciales para quienes ahorren entre 10% y 20% interanual en comparación con el mismo mes de 2015, y para quienes ahorren más del 20%

Habrá tarifa social para quienes consuman menos de 150 kilowatt/mes, según los criterios que establezca el Ministerio de Desarrollo Social. En ese caso, no se cobrará a los usuarios por la utilización del servicio eléctrico.

Según la normativa, en los últimos años "el abandono de criterios económicos en la definición de los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) distorsionó las señales económicas, aumentando el costo de abastecimiento, desalentando la inversión privada de riesgo dirigida a incrementar eficientemente la oferta y restando incentivos al ahorro y el uso adecuado de los recursos energéticos por parte de los consumidores y usuarios".

"Simultáneamente, sólo una proporción menor del costo de abastecimiento fue afrontado por la demanda de energía eléctrica, recurriéndose a los recursos del Tesoro Nacional para cubrir la porción sustancial de dicho costo, lo que contribuyó significativamente a una presión tributaria progresivamente creciente sobre el conjunto de la población, situación que en la actual magnitud deviene insostenible", argumenta. Además, asevera que la actualización de las tarifas ocurre "ante el desfasaje existente entre los costos reales y los precios vigentes, y considerando las posibilidades de pago de los usuarios y la conveniencia de prevenir un impacto negativo en la economía nacional".

Asimismo, en la normativa que lleva la firma del ministro Juan José Aranguren se incorpora "a través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un sistema de incentivos que se traducirá en un mecanismo de disminución del precio de la energía sancionado como contrapartida del esfuerzo de cada usuario residencial en la reducción del consumo innecesario".

La medida toma en cuenta que "parte de la demanda de usuarios finales carece de capacidad de pago suficiente para afrontar los precios establecidos con carácter general", por lo que se definió "un volumen de energía del total de los Agentes Prestadores del Servicio Público de Electricidad a un precio denominado de Tarifa Social, para ser transferido a precio mínimo a quienes integren dicho universo de usuarios finales según los criterios de calificación y asignación que comunique el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación".

Por otra parte, se indicó que el acceso a los precios mayoristas reducidos para Tarifa Social y estímulo al ahorro estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones de pago en el MEM a cargo de los prestadores del servicio público de electricidad, exigibles desde la entrada en vigencia de esta resolución.

Los Agentes Distribuidores y prestadores del servicio público de electricidad que tengan a la fecha deudas con Cammesa con una mora superior a 30 días corridos, deberán en adelante garantizar el pago de sus adquisiciones mediante cesión de sus créditos por cobranza u otro mecanismo alternativo a satisfacción de Cammesa.

Voceros de las distribuidoras consultados por ámbito.com informaron que "hasta el momento no tenemos más información que la publicada en el Boletín Oficial, pero nuestros técnicos están estudiando el cuadro tarifario, que esperamos tener listo antes del fin de semana".
"Sabíamos que iba ser una corrección de la tarifaria. Lo que se hace la medida es unificar el costo de la tarifa a nivel nacional", agregaron.

El traslado del aumento no es directo al usuario residencial y comercial, ya que el precio consta de tres componentes: costos fijos, costos variables y la carga impositiva, que varía según la provincia.

Hace tiempo que las empresas de energía vienen reclamando el fin de los subsidios para "acabar con los enormes déficits energéticos contemporáneos", tal como indican fuentes vinculadas a las compañías de electricidad.

En ese sentido, consideran que hay una "distorsión tarifaria que se ha extendido en el tiempo y por más de una década" y ofrecen un dato que estiman esclarecedor: "en la región metropolitana unos 12 millones de personas pagan, en promedio, facturas de 70 pesos por bimestre".

Las mismas fuentes señalaron que el esquema de subsidios generó "una tarifa regalada que no sirve de nada" y explican que "un bonaerense puede pagar hasta 17 veces menos que en Chile".

Según fuentes de Adeera (la asociación que nuclea a las distribuidoras del país), en varias provincias ya se expidieron a favor de un reacomodamiento de tarifas. Lo que el Ministerio de Energía, busca de las jurisdicciones Provinciales, es un aumento en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el importe que cobran las Distribuidoras para pagar sueldos y así ofrecer el servicio de distribución, y realizar Mantenimiento e Inversiones.

En el despacho de Aranguren, siempre de acuerdo a las mismas fuentes, esperan que los gobiernos provinciales, que se encuentran entre las de mayores atrasos tarifario, como La Rioja, Chaco, Río Negro y Catamarca acompañen las medidas tomadas por el Ministerio y realicen los aumentos necesarios en el VAD para que se normalice la cadena de pagos, y colaboren a la reducción del déficit fiscal nacional.

La Provincias que acompañan la medida han publicado aumentos en el VAD, en Mendoza ya se fijó un 83% de aumento en las tarifas eléctricas; en Ente Ríos el 32% en dos tramos, la distribuidora Enersa consiguió una actualización de los precios que tenía congelados; y en Córdoba el 15,5% (tiene actualizaciones trimestrales), Tucumán fijó un 48% de aumento desdoblado en enero y abril, Santa Fe el 27% y Neuquén el 40%.