Gobierno frenó la redolarización; hoy habrá otro intento

El gobierno frenó ayer el esperado fallo de la Corte Suprema que declaraba inconstitucional la pesificación y ordenaba la redolarización de los depósitos. Recusó a dos jueces -Eduardo Moliné O'Connor y Carlos Fayt- y a través del Banco Nación ofreció a San Luis devolverle en BODEN los u$s 247 millones. Hoy se define si prosperan o no las recusaciones planteadas y si el gobierno puntano acepta el ofrecimiento. Hay expectativa en mercados por decisión. El gobierno pretende que el fallo se postergue hasta después de las elecciones. La Corte Suprema quiere definirlo ya. La puja entre las dos partes es fuerte. Igual en el máximo tribunal hay diferencias en cuanto a plazos y forma de pago. El gobierno ganó tiempo y confía en que hoy no salga el fallo redolarizador. Preocupa el impacto de una decisión que tendría alto costo para el Estado.

Con una jugada de último momento, el gobierno logró frenar ayer -en principio por 24 horas- el cantado fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaraba el fin de la pesificación y ordenaba la redolarización de los depósitos bancarios.

Tras el frustrado cónclave, los integrantes de la Corte se reunirán hoy en una sesión extraordinaria para definir el reclamo de San Luis, pero existe un alto porcentaje de probabilidad de que el Tribunal no llegue a un acuerdo y la decisión se postergue una vez más, como sucedió sorpresivamente en la víspera. Anoche, al concluir una reunión en Olivos (Duhalde con Juan José Alvarez, Antonio Arcuri y el titular del Banco Nación, Horacio Pericoli, entre otros), no se sabía con seguridad cuál será la decisión que hoy tomará la mayoría en la Corte.

El ardid oficial para ganar tiempo se puso en práctica a las 7.55 y fue instrumentada por las autoridades del Banco Nación (quienes trabajaron en el recurso hasta dos horas antes). A esa hora, y a través de un escrito presentado por sus abogados, informaron a la Corte que se encontraban a disposición de la provincia de San Luis los títulos BODEN 2012, por el importe equivalente a u$s 247.394.800 (ver texto completo del ofrecimiento en www.ambitoweb.com).

Lo cierto es que la gobernadora puntana Alicia Lemme ya había rechazado un ofrecimiento similar en tres oportunidades, durante la reunión de conciliación que mantuvo con el Estado nacional hace un año. Ayer, el máximo tribunal de Justicia le corrió traslado para que opine si acepta o no la propuesta.

Con la furia apenas contenida, Lemme reveló que el Banco sostenía haber depositado BODEN 2012 por los 247 millones de dólares reclamados por la provincia, pero exigía que San Luis devolviera lo ya extraído de ese total a 1,40 peso sin CER por cada unidad de la divisa norteamericana.

Se afirmaba ayer que la intención el Banco Nación al hacer el ofrecimiento de los títulos era que la causa quedara abstracta, con la justificación de que ya se habían depositado los bonos según el importe reclamado por San Luis.

¿Cómo se consiguieron los bonos? La súbita aparición de los títulos habría sido producto de una intensa operación de arbitraje entre el Banco Nación y el Banco Provincia.

El Nación debió entregar BODEN 2007 al Provincia a cambio de los BODEN 2012, necesarios para concretar el pago a San Luis. La operación se realizó de esta forma porque Alfonso Prat-Gay se negó de emitir una nueva serie de BODEN 2012 para cubrir la deuda puntana.

La otra parte de la táctica empleada desde el oficialismo consistió en recusar al vicepresidente del Tribunal, Eduardo Moliné O'Connor, por «prejuzgar», porque el borrador de su voto contra la pesificación trascendió en Ambito Financiero. Y, también, al ministro Carlos Fayt porque -según dijeron- en diciembre admitió tener un plazo fijo atrapado en el «corralón».

• Sin aval

De prosperar cualquiera de las dos recusaciones, dejaría al tribunal sin la mayoría que ya existe para dictar un fallo. De todos modos, anoche se afirmaba que ninguna de las dos recusaciones sería avalada en el cónclave extraordinario de hoy, como ya sucedió en anteriores ocasiones. Sobre todo el planteo contra Fayt, que es similar al ya resuelto por la Corte en el denominado Caso Beratz, en el que se decidió rechazar la recusación planteada por una ahorrista con dinero retenido en una entidad financiera.

Adjudicaban la operación al hecho de que el gobierno habría conocido una parte del texto de la resolución que le otorgaba al Banco Nación (por ende el Estado nacional) un plazo de 30 días corridos para resolver el tema San Luis. Es decir, la administración Duhalde debería dar una solución final antes de dejar el gobierno el 31 de marzo. Algo que -obviamente- no cayó bien en las filas oficiales.

En el Palacio de Justicia se afirmaba -al revés de lo que decía el gobierno-que la Corte fallará hoy «sí o sí» en contra de la pesificación y a favor de San Luis, que reclama la dolarización de un depósito de 247 millones de dólares.