Gobierno lanza nuevo canje bajo ley argentina y hablará con Griesa

Axel Kicillof.

"Si la Argentina se viera obligada a pagar a los fondos buitres, el país sería empujado a un default", dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof al tiempo que aclaró: "No estamos dispuestos a negociar bajo cualquier condición". Sin embargo, la estrategia del Gobierno consiste en que los abogados que defienden al país pedirán una audiencia "para hablar" con el juez neoyorkino Thomas Griesa para que no "empuje al default" al país. Asimismo, el titular de Hacienda dijo que se está comenzando los pasos para "instrumentar un nuevo canje de deuda con legislación Argentina y domicilio de pago".

"No podemos permitir" que no nos dejen "cumplir con nuestros compromisos con los bonistas" aseveró y por esta causa es que se hará "un nuevo canje". Así lo señaló el titular del Palacio de Hacienda en la presentación que llevo a cabo de la estrategia del Gobierno frente al rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de atender un reclamo de nuestro país, que deja firme un fallo de primera instancia a favor de los fondos buitres.

El ministro se explayó sobre la forma en que Argentina enfrenta este problema, siguiendo los lineamientos trazados por la presidente Cristina de Kirchner por cadena nacional. Al respecto, Kicillof realizó otros dos anuncios. Uno es que los abogados del país pedirán una audiencia "para hablar" con el juez neoyorkino Thomas Griesa ya que, según el ministro, lo declarado por el magistrado en cuanto a que no quiere empujar a la Argentina al default, no es coincidente con lo que dice el fallo.

Por otra parte, adelantó que este miércoles a las 10 horas se reunirá con los presidentes de los bloques de las cámaras de Diputados y Senadores para comentar los puntos de vista del Poder Ejecutivo en la materia y las alternativas que se presentan.

Las primeras reacciones que se produjeron en medios financieros tras el discurso del ministro, hacen referencia a una posición compleja por parte del país. El anuncio de la apertura de un canje con legislación argentina es observado como una respuesta dura a la decisión tomada por la justicia norteamericana. Cabe recordar que la posibilidad de reabrir el canje y reprogramar el lugar de pago a los bonistas ya había sido anunciado por Cristina Fernández de Kirchner en 2012 pero luego, cuando el juez Thomas Griesa dijo que modificar el lugar de pago equivalía a un desacato, la iniciativa oficial se redujo a la reapertura de canje.

Pero, al mismo tiempo, el envío de abogados a conversar con el juez Griesa plantea un camino de negociación. Asimismo, las reuniones con los legisladores son interpretadas como formas de buscar consenso en una causa de alcance nacional, en momentos en que se tornan particularmente complejas las relaciones del país con las finanzas internacionales.

Precisamente, la agencia Standard & Poor's bajó la calificación de crédito soberano argentino desde CCC+ a CCC- como consecuencia de lo que considera el mayor riesgo de un incumplimiento de pagos de la deuda en moneda extranjera. S&P dijo que el Gobierno tiene una "capacidad limitada" para pagar a los acreedores demandantes mientras cumple con el servicio de su deuda actual.

En lo inmediato, en fuentes de los abogados se especula con que el país ya debe haber pedido una reconsideración a la Corte Suprema de los Estados Unidos, circunstancia que daría un plazo de unos 25 días antes de que el juez pueda hacer efectiva su sentencia.

Por otra parte, analistas financieros ponen en duda el grado de aceptación por parte de los tenedores de bonos de la nueva oferta a instrumentar con legislación argentina y con pagos en el país, estimando que las cifras de adhesión podrían ser tan bajas como el 40%. Al respecto, consideran que la ausencia de entidades financieras norteamericanas, las limitaciones estatutarias o la expectativa del nuevo gobierno son razones que debilitarían la aceptación del nuevo canje. Al respecto, cabe recordar que el juez Griesa ya advirtió que caerá con todo el peso de la ley sobre aquellos bancos que ayuden a evitar lo dispuesto por su tribunal.

• Denuncia

El ministro denunció que "quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda argentina" y consideró que de aplicarse el fallo de la Justicia norteamericana "se estaría empujando a la Argentina a un default". Frente a esta circunstancia, Kicillof aseguró que el país "tomará todos los recaudos para pagar la deuda reestructurada".

"De aplicarse el fallo del juez (Thomas) Griesa y la Argentina se viera obligada a pagar, eso empujaría al país a un default", afirmó el ministro y aclaró que "desde el Gobierno no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, que se queden tranquilos, pero no vamos a arreglar con cualquier condición".

El ministro, al hablar en el Ministerio de Economía, explicó que esto ocurriría porque lo que está en juego no "es una deuda de 1.300 millones de dólares, sino de una total de 15.000 millones de dólares" de aquellos tenedores de títulos que están en la misma condición de los que apelaron ante el juez norteamericano, equivalentes a más de las mitad de las reservas del Banco Central. Y refutó a quienes plantean que debe haber negociaciones señalando que "los buitres son buitres porque no negocian".

Más aún, advirtió que si el Gobierno le ofreciera a los fondos buitres más que a los bonistas que entraron en reestructuración, éstos podrían ir a la Justicia para reclamar las mismas condiciones. En este caso, el ministro estimó que la cifra en juego podría rondar los 120.000 millones de dólares y anticipó que "no dudo que puede haber un juez como Griesa o argentino que imponga una cautelar que impida pagar la deuda".

En el Microcine del Palacio de Hacienda, agregó que el problema es que "algunos lo que quieren es que Argentina deje de pagar", tras lo cual subrayó que "este no es el gobierno del endeudamiento".

El ministro explicó que se trata de "fondos buitres" porque no son quienes le prestaron en su momento a la argentina, sino especuladores que en 2008 o antes, fueron a comprar títulos que estaban fuera de la renegociación deuda con el propósito de litigar contra el país "como los caranchos". Así, identificó que un fondo compró deuda por 48 millones de dólares y ahora obtuvo por la decisión judicial, 832 millones de dólares.

No obstante, el ministro señaló que los fondos buitres encontraron "una fisura por la que lograron filtrarse para derribar trabajo todos argentinos" en cuanto a la reestructuración de la deuda externa. Consideró también que se trata de un problema del mundo, porque si con sólo un 1% de los acreedores se impide pagar la deuda de un país "entonces son imposibles las reestructuraciones". Desde este punto de vista, reconoció el acompañamiento de la posición argentina que hicieron gobiernos como el de México o Francia, economistas, parlamentarios británicos, fondos, el Grupo de los 77. Pero afirmó que "no pasarán" no van a voltear nuestras reestructuraciones".

Es que, según aseveró el ministro, "esa reestructuración que ahora está en juego es uno de los pilares centrales del crecimiento que ha tenido el país estos años". Para concluir señalando "quédense tranquilos, esto está todo estudiado en profundidad. Se tomaron las medidas para impedir que la reconstrucción de la situación financiera de la Argentina esté en riesgo por pequeños grupos que no buscan otra cosa que jaquear a los países".