Gobierno podría ahora indemnizar a Siemens

El gobierno de Eduardo Duhalde está interesado en mostrar predisposición para llegar a un acuerdo con la empresa alemana Siemens por la indemnización que ésta reclama debido a la anulación del contrato de los DNI dispuesta durante la administración de Fernando de la Rúa.

El interés en dar una señal significativa en ese sentido se explica en parte por la visita a la Argentina que inicia mañana el canciller alemán, Gerhard Schröder.

En el gobierno se cree que siendo alemán el actual director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la opinión que se lleve Schröder puede ser decisiva, sobre todo en lo que se refiere a la predisposición de las autoridades argentinas para cumplir los compromisos con las empresas y con los acreedores externos.

Desde el martes, están en Buenos Aires dos ejecutivos del Departamento Legal de Siemens Alemania para negociar con el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, el monto de la indemnización por la anulación del contrato.

• Interés

En la filial local niegan conocer los detalles de esas tratativas, pero afirman que, contrariamente a lo que ocurría con el gobierno anterior, ahora habría interés oficial en encauzar las conversaciones. Creen que es auspicioso que el gobierno haya designado al propio Gabrielli para las negociaciones, pero no manejan más datos porque desde que se anuló el contrato a mediados del año pasado, la cuestión pasó a la casa matriz.

No obstante, desde un primer momento quedó claro que Siemens exigiría una compensación por las inversiones realizadas y por la caída de la contratación, y que está dispuesta recurrir al tribunal internacional con sede en Washington para que resuelva el conflicto según está previsto en el contrato original, apelando al tratado de inversiones recíprocas que existe entre la Argentina y Alemania.

Según es habitual antes de presentarse a pedir el arbitraje internacional, hay un período mínimo de seis meses para llegar a un acuerdo entre las partes. Ese plazo venció teóricamente a fines de enero en el caso de Siemens, pero tras una carta de la empresa, el gobierno de Duhalde manifestó el interés oficial en continuar las tratativas.

Según trascendió, la empresa alemana partiría de una posición máxima pidiendo una indemnización por unos 520 millones de dólares, cifra que incluye el lucro cesante, el aspecto que se considera más discutible del reclamo. Por su parte, el gobierno aceptaría compensar la inversión realizada por la empresa que se estima en unos 180 millones de dólares.

• Transferencia

De hecho, cuando se anuló el contrato, Siemens transfirió al Estado el centro de procesamiento de los documentos de identidad que había instalado en un inmueble alquilado junto con el contrato de locación y el edificio y las instalaciones, aunque todavía están en desuso, están en la órbita del Registro Nacional de las Personas.

A esto se sumaría, según la empresa, la informatización que ya se había concretado en cuatro puntos fronterizos: el Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque y las terminales del puerto de Buenos Aires.

No se cree que haya acuerdo entre el gobierno y Siemens en forma inmediata, pero Duhalde recibirá el viernes a Schröder con el antecedente de haber cumplido la primera ronda de negociaciones con la empresa.

El canciller alemán, que es además jefe de Gobierno de su país, está realizando una gira por Latinoamérica que incluyó México, Brasil y la Argentina. Viene acompañado por unos treinta empresarios de alto nivel, entre ellos los presidentes mundiales de Volkswagen y de la misma Siemens.

El tema de la anulación del contrato de los DNI forma parte de la agenda ya fijada del encuentro entre Duhalde y Schröder. Para el gobierno es casi una prueba de fuego de cómo lograr el equilibrio entre respetar los derechos de las empresas internacionales y no quedar en el plano interno, como presa fácil ante las presiones.

La contratación para hacer los DNI que se concretó durante el gobierno de Carlos Menem fue motivo de una extensa polémica desde que se llamó a concurso, y las condiciones del pliego original tuvieron numerosas modificaciones hasta que se firmó el contrato definitivo. Este garantizaba ingresos por unos 1.000 millones de dólares en seis años, y prácticamente obligaba a toda la población a renovar el documento a un precio de 30 pesos, incluido impuestos. Sin embargo, la empresa se sentiría en una posición favorable porque no hubo impugnaciones a la adjudicación ni hay causa judicial abierta por el contrato.