Gobierno proyecta un 2004 calmo

El gobierno presentó ayer el presupuesto 2004 en el Congreso con todos los cálculos y proyecciones para el año próximo. Hubo cambios a último momento dispuestos por Néstor Kirchner, con más gastos en obra pública, educación y ayuda social. Contempla que el país crecerá 4% en los próximos tres años y un dólar a $ 2,89 en 2004. Habrá una inflación de entre 9% y 11%, mayor que la estimada inicialmente (contempla una suba de tarifas). Los cálculos son conservadores: la mayor actividad económica es fruto del arrastre de 6% de suba de este año y del impacto de la obra pública. Pero hay datos importantes: del aumento de $ 9.500 millones de la recaudación impositiva, 50% se destinará a aumentar el gasto público. En lugar de bajar impuestos, se opta por asignar más partidas a la obra pública, por ejemplo, o ayuda social, que en una gran proporción no llega a los que la necesitan o se pierde en la burocracia estatal. Si con una economía creciendo a 4% y más ingresos se opta por gastar más, difícilmente el presidente Kirchner cumpla en bajar impuestos con efectos tan negativos como el del cheque o las retenciones a exportadores. Al contrario, da la sensación de que seguirán por muchos años más. Se insiste también en estimar mayores ingresos por el simple lanzamiento de medidas contra la evasión. Difícilmente se pueda, además, salir del default con pocas asignaciones al pago de deudas. Las incógnitas se mantienen: cómo hará el gobierno en 2005 para afrontar pagos de BODEN si sigue aumentando fuerte el gasto público. También cómo hará para convencer a los tenedores de bonos en default, entre los que hay 500.000 ahorristas argentinos, de que vuelvan a creer y acepten la propuesta de renegociación de la deuda. Por ende, no se recrea el clima de inversiones y expectativas positivas que en definitiva es lo que impulsa fuerte una economía.

Roberto Lavagna presentó ayer formalmente el proyecto de presupuesto nacional para 2004 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. En poco más de 40 minutos, el ministro ratificó las variables macroeconómicas base del proyecto y explicó las áreas de gasto prioritarias para el gobierno: programas sociales, ciencia y tecnología y economías regionales, y la reducción de $ 755 millones en los fondos destinados al pago de intereses de deuda. Frente a un salón repleto de legisladores, más que los que integran la comisión, Lavagna volvió a prometer modificaciones impositivas como una reducción progre-siva del impuesto al cheque -será enviado en proyecto de ley aparte-y el aumento de la recaudación en Ganancias, que atribuyó a la suba en la actividad y el paquete antievasión.

Pero el proyecto de ley que por la noche comenzaron a recibir los diputados contiene otras disposiciones que van desde la ratificación por ley del default y los poderes a Lavagna para renegociar la deuda hasta una peligrosa modificación del status legal del Banco Central (ver nota aparte). Dentro de esa lista se incluyó, por ejemplo:

• Se autoriza la contratación de obras, adquisición de bienes y servicios «cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2004» por un monto total de más de $ 4.000 millones, dentro de las que se incluyen $ 319 millones para la segunda fase de construcción de subterráneos en la Capital Federal.

• Las universidades nacionales contarán con un presupuesto global de $ 2.028 millones, más otra partida de $ 96 millones destinada a contratos y programas a distribuir por el Ministerio de Educación.

• Se deja sin efecto la partida por $ 300 millones, pagadera en 6 cuotas, destinada a cancelar deudas del PAMI, ya que se modifica la dependencia de ese organismo del presupuesto nacional.

• Se destinan $ 2.415 millones para el programa de financiamiento ordenado de las deudas provinciales. El Ministerio de Economía podrá incorporar a ese programa las diferencias por los impuestos nacionales pagados con títulos públicos.

• A partir del 30 de junio de 2004 caducarán todos los derechos y prescribirá la posibilidad de iniciar juicios y reclamos contra cualquier organismo del Estado nacional por deudas originadas entre el 1 de abril de 1991 hasta el 31 de diciembre de 2001, salvo que se trate de deudas previsionales. Por lo tanto, operará de pleno derecho una extinción total de esas obligaciones del Estado.

Además, los procedimientos administrativos que se iniciaron por deudas del mismo período caducarán automáticamente si no existe movimiento en esos expedientes por un plazo de 60 días.

• Se renueva la prohibición de otorgar pensiones graciables, si no existe una baja de las ya otorgadas. Salvo en el caso de las pensiones por vejez, que vuelven a habilitarse. Todas las pensiones otorgadas por el Congreso o por la ANSeS no podrán superar la suma de $ 300, pero serán compatibles con otro ingreso siempre que el monto total no supere el equivalente a dos jubilaciones mínimas.

«Dispónese el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del gobierno nacional, contraída original-mente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001... hasta que el Poder Ejecutivo declare la finalización del proceso de reestructuración de la misma», dice el artículo 48 del presupuesto. La realidad es que hasta ahora no existía ninguna norma que ratificara la decisión que anunció Adolfo Rodríguez Saá en la polémica Asamblea Legislativa donde asumió la Presidencia, salvo el presupuesto 2003 donde no se incluyó partida para la cancelación de esas deudas.

Se establecen luego las excepciones a esa regla como los servicios financieros por titulos especiales para cancelar contratos de obra. Se incluye el pago de servicios por deudas previsionales, títulos entregados por indemnizaciones, por BONTES, LETES, títulos o cuotapartes de fondos de propiedad de mayores de 75 años.