El gobierno postergará hasta el 1 de julio la entrada en vigencia del decreto previsional, que debía regir desde mayo no obstante algunos fallos judiciales en contra.
En medio de la polémica con la oposición del Congreso y en Tribunales, quienes se están por jubilar en los próximos días no sabían si lo harían con o sin la PBU. O si, en el caso de las mujeres, podrían jubilarse a los 60 o a los 65 años. Una vez que se conozca -faltan horas-el decreto modificatorio de la fecha, se despejarán las dudas: hasta el 30 de junio sólo tendrá vigencia la ley actual, siempre y cuando no haya una norma que reemplace al decreto.
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Los diputados del oficialismo -desde el radical Eduardo Santín hasta la frepasista María América González, pasando por el cavallista Guillermo Alchouron y la «rebelde» Marcela Bordenave-se reunieron ayer con el secretario de Seguridad Social, Jorge Sanmartino, en el Ministerio de Trabajo y acordaron sacar una reforma previsional consensuada que derogue el decreto.
En verdad, la postergación del plazo servirá para darles tiempo a diputados y senadores para sancionar la ley. De acuerdo con lo conversado, el proyecto surgirá de las conversaciones que vienen manteniendo desde febrero Santín y María América González (esta última en sociedad con Alfredo Villalba, quien quedó excluido en las vísperas de las rondas de café porque ya se eyectó del Frepaso).
El gobierno se reservó la última palabra en la negociación. El colaborador de Patricia Bullrich puso como condición el piso: el equilibrio económico logrado en el decreto mismo de reforma previsional.
Tratativas
De manera informal, hoy continuarán las tratativas en el Congreso, a pesar de la ausencia de legisladores por Semana Santa. Esta tarde debería deliberar la Comisión de Previsión que comanda la creadora del rinconcito de los jubilados; sin embargo, hay certeza de que será muy difícil conseguir quórum.
En la última cita, la comisión pasó a cuarto intermedio hasta hoy, cuando debía comenzar a definirse un dictamen promovido por los díscolos del Frepaso (con simpatía a regañadientes del PJ), destinado a derogar el decreto y habilitar una nueva reforma por ley.
Encabezados por Santín, los radicales, sin directivas precisas de la Casa Rosada (no sabían si Domingo Cavallo les pediría, como lo hicieron sus antecesores, que defiendan la reforma por decreto), lograron imponer la votación favorable para postergar una semana las definiciones.
Mañana se renovarán los contactos con Sanmartino. La expectativa consiste en destrabar los temas más conflictivos, como la rebaja de la Prestación Básica Universal y la opción para que los indecisos puedan quedarse o volver al sistema de reparto.
Una medida de no innovar interpuesta por la Justicia impide la aplicación del decreto que establece la disminución paulatina de la PBU desde los haberes de $ 300, hasta desaparecer a partir de los 800 pesos, y la elevación a 65 años de la edad jubilatoria de la mujer, entre otros puntos.
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