Gobierno traba fusiones por u$s 2.000 millones

La Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) comenzaría ya a a resolver sobre operaciones de fusiones y adquisiciones que suman más de 2.000 millones de dólares.

Hay pedidos de permiso de empresas para fusionarse o adquirir otras compañías que están demorados en la CDC --encabezada por Ismael Malis desde hace un año, mientras que la ley estipula que el período de aprobación debe darse dentro de los 45 días hábiles.

La incorporación de un nuevo vocal en el organismo, Mauricio Butera, y la presión que ejercen las empresas por las demoras despertaron alguna esperanza, incluso cuando en este año la CDC aún no generó ningún fallo. Las quejas de los hombres de negocios involucrados que más se escuchan señalan que las decisiones de la CDC «no pueden estar sujetas a ánimos políticos y coyunturales». Coinciden en que deberían achicarse los límites que establece la ley para las operaciones que deben pedir permiso y en que es necesario acelerar los tiempos de resolución por las pérdidas que genera en las empresas involucradas.

Desde el Estudio Llerena & Asociados Abogados, Joel Romero explicó a Ambito Financiero que «hay muchas trabas en la aprobación de fusiones porque en lugar de aplicar directamente la ley de defensa de la competencia, se la rodea de decisiones coyunturales para evaluar el impacto político». Además, el abogado cree que el mecanismo político por el cual son designados los miembros de la CDC «no es eficaz».

Por su parte, Mariela del Carmen Caparrós, del estudio Negri & Tejeiro Abogados, dijo a este diario que «los parámetros que se imponen para que sea necesaria la aprobación de Defensa de la Competencia son demasiados bajos. Es necesario aggiornar los límites para que realmente se controlen las transacciones grandes y no operaciones que no modifican los escenarios de sectores del mercado».

Los parámetros estipulados para que una empresa que desea fusionarse o comprar activos de otra deba pedir permiso fueron determinados en épocas de la convertibilidad. Se estableció que debía contar con la aprobación de la CDC toda operación que supere los $ 20 millones y también aquella en la que el comprador sobrepase una facturación local de $ 200 millones.

Esto significa que, por ejemplo, si la compañía petrolera Esso quiere comprar una pequeña estación de servicio de un pueblo, debe pedir permiso a la comisión.

«Finalmente, hay transacciones muy chicas que terminan teniendo que hacer un trámite enorme y otras de empresas más pequeñas que terminan acaparando 100% de algún mercado y no pasan por la comisión», explicó Caparrós.

Federico Busso, del mismo estudio, comentó que «la ley en su versión original preveía que uno de los motivos por los que tenían que pedir permiso una operación era si superaba ciertos volúmenes de mercado. Tenía lógica porque se producía una concentración. Pero ese aspecto de la ley se vetó y ahora se toma en cuenta la facturación y los montos».

Fuentes de las empresas que esperan resolución comentaron a este diario que las demoras que se dan en la aprobación generan mucha incertidumbre entre comprador y vendedor, y a la vez muchas pérdidas.

«La ley dice que la operación no tiene efecto entre las partes, o sea que queda sujeta a la aprobación. Eso genera problemas en las negociaciones porque quién asume el riesgo de que finalmente te digan que no, y tener que volver todo para atrás», dijo un ejecutivo de una de las compañías que hace cinco meses espera resolución.