Gobierno trasladado a España

El viaje que el Presidente inicia hoy en España tiene relieve, tanto que llevó a sus más importantes ministros (Alberto Fernández, Felisa Miceli y Julio De Vido). Son claves dos hechos: el interés de España por saber qué rol quiere cumplir la Argentina en un continente teñido de «chavismo» y «evismo» (por Evo Morales) y la reunión que mantendrá Kirchner con ocho de los más importantes dirigentes empresariales de ese país.

Madrid - El motivo material de la visita que realiza Néstor Kirchner a Madrid -adonde arriba hoy- es la firma de un Programa de Asociación Estratégica (PAE) entre la Argentina y España. Así como tantos otros aspectos de este viaje no pueden localizarse en el catálogo habitual de la diplomacia, también este «tratado» es un animal extraño.

En primer lugar, porque nacerá por segunda vez. Los programas de esta naturaleza expresan el compromiso de dos países de llevar adelante un proceso de entendimiento más estrecho y coordinado en todas las áreas de la administración. La política exterior es el campo donde su importancia es más tangible: los Estados que lo adoptan se comprometen a seguir criterios comunes en materia internacional, sobre todo en las votaciones de organismos colegiados como las Naciones Unidas, por ejemplo. Esto implica activar mecanismos de consulta, visitas periódicas de los presidentes y ministros, monitoreo de una agenda común que se fija de manera muy genérica en los textos iniciales. España, por ejemplo, tiene suscriptos estos programas con Alemania, Francia, Marruecos y Brasil. Se tiende a pensar que estas asociaciones expresan una madurez excepcional en el vínculo entre dos naciones.

Largo trabajo

En el caso del que firmará Kirchner, las administraciones de los dos Estados trabajaron durante varios meses para que el acuerdo fuera sellado en Salamanca, durante la visita anterior del santacruceño a España, con motivo de la Cumbre Sudamericana, a mediados de octubre pasado. El proceso de redacción de estos documentos es trabajoso. Cada ministerio o área relevante debe proponer su propia versión a la Cancillería, que negocia lentamente cada fórmula con la diplomacia del otro país. La tarea, en este caso, comenzó en marzo de 2005. Para aquel entonces, el idilio entre el gobierno argentino y el del socialista José Luis Rodríguez Zapatero no podía ser más alentador.

Cuatro meses antes, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había visitado Madrid para comprometer a su administración en el cumplimiento de todas las promesas formuladas por la Argentina, sobre todo en el tratamiento a las inversiones españolas en el sector de los servicios públicos. Las tarifas serían ajustadas en noviembre de 2005 de manera provisoria y en agosto de este año se llegaría a una revisión definitiva. De modo tal que la relación bilateral quedara normalizada en sus aspectos más conflictivos.

Rodríguez Zapatero ratificó esos acuerdos informales cuando visitó Buenos Aires, en enero del año pasado. Sin embargo, cuando llegó el momento de que Kirchner viajara a Salamanca, las demoras argentinas mantenían muy lejos el texto definitivo del tratado. Fue solamente por decisión del canciller, Miguel Angel Moratinos, que «se firmó lo que había, que era poco», según explicó, como avergonzado, un diplomático español.

Era tan pobre la versión acordada en Salamanca que su bautismo no mereció ceremonia alguna y, mientras se la adoptaba, se decidía sustituirla por otra que es la que verá la luz en el viaje de hoy. Gracias a esta experiencia, los burócratas de la política exterior española incorporaron un argentinismo: hablan de un PAE «trucho».

Los contratiempos siguieron afectando esta operación que puede ser tomada como una buena prueba de la falta de profesionalismo y seriedad que caracteriza a algunos funcionarios. En marzo de este año, los ministerios de Relaciones Exteriores de la Argentina y España terminaron con el armado final de los textos. Para consagrarlos se trasladó a Buenos Aires una comitiva técnica española que revisó cada punto y cada coma hasta dar el acuerdo definitivo. Casi todas las áreas habían acordado un plan conjunto. Curioso: sólo faltaba la de Infraestructura, una de las falencias más importantes en la conexión de ambos socios. A pesar de las distintas consultas y de haber destacado a un par de funcionarios a redactar su propuesta, Julio De Vido no había mostrado interés en aportar las cuestiones de su área a la redacción final.

Rechazo

Cuando el ministro de Infraestructura comprendió de qué se trataba aquello que se había resistido a integrar, pidió con insistencia que se detuviera el proceso y se incorporara a su cartera. Después de consultas a ambos lados del océano, se reabrieron los documentos para De Vido. La propuesta de su ministerio llegó a España hace dos semanas. Y fue rechazada. No sólo por la forma, también por el fondo. El texto de Infraestructura estaba compuesto de cinco páginas (el promedio de los demás ministerios fue de tres cuartos de página cada uno) y proponía la creación de cinco grupos de trabajo, integrados por funcionarios y empresarios, en los que se estudiarían inversiones y asociaciones en otras tantas áreas: transportes, energía,aeronavegación, infraestructura vial y comunicaciones.

La dinámica de trabajo suponía que también las cuestiones contractuales, en especial las tarifarias, podrían ser competencia de esos equipos. La Cancillería española se negó a suscribir la sugerencia de De Vido, con el argumento de que no puede involucrar al empresariado en una iniciativa de alcance solamente estatal. Tampoco estaba contemplado que el programa llegaría a tanta minuciosidad. Y mucho menos que las regulaciones estatales sobre el sector privado estarían sometidas a aquel tipo de tratamiento diplomático. La propuesta del ministro de Infraestructura quedó cifrada en dos párrafos, uno de los cuales hace una alusión muy indirecta a la posibilidad de constituir grupos de trabajo.

El episodio, si se quiere anecdótico, permite observar dos cuestiones más relevantes. Una, la distancia que existe en la concepción del rol del Estado entre un gobierno socialista, como el español, y otro peronista, como el argentino. Aun cuando ambos hayan tributado antaño a una tradición intervencionista, la idea sobre el involucramiento que debe haber entre lo público y lo privado sigue siendo muy acentuada en el caso de Kirchner y su grupo. La otra evidencia ilustra más un momento que una mentalidad: si algo no quiere el gobierno de Zapatero -y es el mensaje que pasará su administración en esta visita- es seguir subordinando la relación con la Argentina a la peripecia de las empresas españolas en el país. Lo que, al contrario de lo que podría suponerse, no significa abandonarlas a su suerte, sino quitarles la contención política que se les impuso hasta ahora para que no abrieran conflictos con un gobierno aliado.