El sindicalismo intenta aprovechar el clima demagógico de campaña para que le aprueben proyectos antiempresa en la Cámara de Diputados • Quieren suprimir el pago de vales de alimentos adicionales al salario que alivian costos empresariales • También asegurar indemnizaciones por despido eliminando topes nuevos que prolongan el plus de la emergencia (una indemnización y media) • Salvo estos proyectos, el oficialismo no tiene otras iniciativas pendientes pero se busca disipar la imagen de un Congreso cerrado porque los legisladores están entregados a sus campañas en los distritos • Esa intención se contrapone al deseo del gobierno de frenar -como hizo hasta ahora- esos proyectos que encarecen costos empresariales alentados por Hugo Moyano a través de su diputado Héctor Recalde • Las empresas esperan que termine pronto la campaña porque al mismo tiempo que deben enfrentar estas amenazas de leyes populistas tienen que pulsear en paritarias demandas mayores de alzas salariales • El envío pro gremios es un clásico que precede a toda elección así como la sanción de decretos o leyes antipáticas suelen seguir inmediatamente a un triunfo electoral. ¿Se animará Néstor Kirchner, o su delegada, en caso de renovar mandato, a desandar estas enormidades que pueden pesar sobre el futuro de la economía?
El Congreso entra en un momento propicio para sorpresas. Con la cercanía de las elecciones, el gobierno no quiere aparecer mostrando un Poder Legislativo paralizado, aunque se encuentren hoy tanto la Cámara de Diputados como el Senado casi vacíos de medidas clave para sancionar o que, por lo menos, espere la Casa Rosada. Por eso los temarios de las sesiones de estas épocas pueden poblarse tanto de temas intranscendentes o de importancia relativa, como de iniciativas que en otros momentos no pueden sancionarse. Es el caso de esta semana. La Comisión de Labor Parlamentaria deberá decidir mañana, siempre que el quórum habilite para que haya sesión, si incorpora algunas de las modificaciones laborales antiempresa que el gobierno mantuvo hasta ahora congeladas, pero que en tiempos electorales comienzan a aparecer más potables, sobre todo en medio de la complicada negociación salarial. No será el caso del Senado, donde la sesión de urgencia que debió realizar la semana pasada para aprobar el ingresode tropas extranjeras que participan en el ejercicio UNITAS fue suficiente esfuerzo, por lo que no se cree que vaya a sesionar esta semana. Dentro de la lista de temas conflictivos, hay dos que maneja el abogado moyanista Héctor Recalde en su Comisión de Legislación del Trabajo. El miércoles a las 9.30 los diputados de esa comisión se reunirán para recibir a representantes del Colegio Público de Abogados con un tema excluyente: la reforma al régimen de tickets adicionales para compra de alimentos que se entregan como complemento salarial. Ese proyecto plantea salir gradualmente de ese sistema en un lapso de dos años hasta terminar eliminándolo, es decir que en ningún caso sustituya a la remuneración. Pasaría entonces a ser voluntario y sin obligación de ser aceptado por parte de los trabajadores, aunque constituya en muchos casos un beneficio para las empresas que de esa forma pueden mejorar salarios con una carga menor. El proyecto ya fue discutido con la cámara que agrupa a las empresas de vales de alimentos y en ese momento se plantearon algunos cambios.
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De las 30 modificaciones que esperan aún en la Comisión de Legislación del Trabajo hay otra que preocupa a las empresas por el incremento que significa en los costos laborales: es la eliminación del tope indemnizatorio, un debate en el que la Justicia ya se ha pronunciado con fallos que contradicen los límites que hoy fija la ley. Ya en setiembre de 2004 la Corte Suprema declaró inconstitucional el tope indemnizatorio fijado por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque permitiendo sólo una quita de hasta 33% sobre el mejor salario normal y habitual del trabajador despedido. Antes, en marzo del mismo año la Ley de Ordenamiento Laboral había avanzado a medias sobre el tema. Recalde presentó el año pasado un proyecto que elimina el tope en línea con el fallo de la Corte y avanza un poco más.
El proyecto establece una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, sin aceptar ninguna otra limitación. Los dos proyectos hasta ahora fueron frenados por la conducción del bloque del Frente para la Victoria por pedido del propio gobierno. De hecho, hace seis meses un grupo de empresarios se lo pidió al jefe de Gabinete cuando la votación de ese paquete laboral parecía imposible de frenar en el Congreso. Pero ahora, ante la inminencia del fin de las sesiones hasta las elecciones de octubre, los vientos pueden cambiar.
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