Gremios ganan con el nuevo decreto de obras sociales

El gobierno cumplía con la forma: ayer Fernando de la Rúa se aprestaba a firmar un decreto aclarando la desregulación de las obras sociales que se dispuso en junio de este año. Eso sí, en ese decreto aclaratorio, se establece que la manera y el momento en que un empleado podrá cambiar de cobertura de salud -decidir a cuál obra social o prepaga quiere confiársela- serán determinados más adelante por una comisión encabezada por el Ministerio de Trabajo. El artículo confirma lo que publicó este diario ayer: el gobierno (de la mano del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo) vino negociando con la CGT de Rodolfo Daer, que reclamó un año de gracia "para poder competir en condiciones" después de arrebatarle al gobierno la suma que exhibe como acreencia frente al Ministerio de Economía. Mientras tanto, la desregulación de obras sociales dependerá de operaciones administrativas sumamente complejas. Una de ellas es la elaboración de un padrón general de beneficiarios que sólo los gremialistas poseen (y, por supuesto, no entregan). Además, el gobierno deberá realizar alguna operación de atracción para las empresas privadas que administran salud y que, hasta ahora, no están dispuestas a presentarse a competir. Finalmente, los funcionarios tendrán que buscar alguna manera de impedir lo que los sindicalistas ya están maquinando: pagar entre 100 y 200 pesos a los afiliados con la salud más deteriorada (los que más gastan) para que fuguen hacia las empresas privadas, de manera tal que se perjudiquen económicamente.

Fernando de la Rúa tenía anoche a la firma el decreto que complementa la desregulación de las obras sociales que se había dispuesto por el decreto N° 446 del 2 de junio pasado. En aquella oportunidad, con la firma de Carlos Chacho Alvarez, se decidió que a partir del 1 de enero que viene los afiliados al sistema de salud podrán optar libremente entre seguir confiando su cobertura a las entidades sindicales o, en cambio, derivar sus aportes a las empresas privadas que se inscriban para ofrecer servicios. El Presidente suscribió ayer una norma que pretendía aclarar la anterior, bastante deficiente para fijar los mecanismos de esa libertad de opción.

Sin embargo, tampoco ayer el gobierno alcanzó ese objetivo aclaratorio. A tal punto que el problema central de la desregulación, es decir, cómo cambiar de una entidad a otra, quedó cifrado en la siguiente redacción: «El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentarán el procedimiento para el ejercicio del derecho de opción».

El texto anterior, que figura en el artículo 2° del decreto firmado por De la Rúa, sustituyó al inciso b) del mismo artículo en el decreto firmado por Alvarez en junio. El significado resulta, a esta altura, insólito. Por un lado, porque a un mes de que, en teoría, comience a funcionar el sistema, el gobierno no ha explicado cómo se hará para cambiar de entidad de salud.

Prenda de negociación

En segundo lugar, la reglamentación de ese punto indispensable fue delegada en una comisión que, curiosamente, encabeza el Ministerio de Trabajo. Esto confirma un enfoque del sistema de salud de la Argentina que ha dominado a los gobiernos de las últimas cuatro décadas: este sistema es un capítulo de la política laboral de los gobiernos, es decir, una prenda de negociación con el sindicalismo que maneja las obras sociales desde que se las arrancó a la dictadura de Juan Carlos Onganía. El texto que firmó ayer De la Rúa es tan sincero en ese punto que ni siquiera el Ministerio de Salud figurará en esa comisión que determinará cómo y, sobre todo, cuándo comenzará efectivamente la desregulación.

Miguel Bein, secretario de Programación Económica y Regional, le puso una pizca de humor a este cuadro ayer, cuando dijo: «El decreto (se refiere al que firmó De la Rúa) va a disponer la plena competencia entre las obras sociales y empresas de medicina prepaga, que será de movida, es decir para los trabajadores que se incorporen a un trabajo a partir del 1 de enero». Es cierto: los únicos que podrán disfrutar la libertad de afiliación serán los que ingresen a un empleo (siempre que no sea el primero ya que en ese caso tendrán que ir a la obra social de su gremio) a partir de enero.

El resto, los que están empleados ahora, deberán aguardar procesos complejos. Primero, la negociación que se abrirá en torno a la reglamentación y que, como informó ayer este diario, lleva adelante Chrystian Colombo, el jefe de Gabinete (a quien anoche versiones insistentes lo hacían incorporado a «los gordos» en un asado de esos con los que el gremialismo agasaja a los funcionarios amigos; durante la tarde se entrevistó, por pe-dido de De la Rúa, con Armando Cavalieri). Colombo pasó los dos últimos días diciendo que «no se cambia nada, se va a desregular todo, no cede-mos», a sabiendas de que la reglamentación llegaría más adelante. Los capitostes de la CGT pretenden que les den un año de gracia para competir con las prepagas, como publicó este diario. Durante ese año, esperan no sólo entorpecer la reglamentación sino, además, cobrar las sumas que le reclaman al gobierno por demora en los pagos porque «de lo contrario no podremos competir».

Padrón

Segundo, los funcionarios deberán integrar un padrón de beneficiarios para lo cual tendrán que entrar a sangre y fuego en los sindicatos -es un modo de decir-, donde los listados se guardan como joyas.

Mientras tanto, los gremialistas ya preparan una artillería de argucias para zafar de la desregulación. Entre ellas, figura la de estimular mediante dinero ($ 100 a $ 200 por persona) a los afiliados que presentan dramas mayores de salud para que se trasladen a una prepaga a la que, obviamente, le provocarían mayores costos.

Es imposible determinar cuánto tiempo demorará el gobierno la desregulación de las obras sociales, que para este enero se presenta ya como un fracaso, incluso por la poca vocación de las prepagas a participar del sistema. Pero es evidente que el decreto de ayer fue solamente testimonial, «exclusivamente para cumplir con la misión del Fondo Monetario Internacional que visita el país», como admitió un funcionario delante de este diario.