Hay que corregir serios errores en el decreto de reforma previsional

A fines del año pasado, el gobierno nacional produjo todo un importante paquete de decretos «de necesidad y urgencia», destinados a reformar -para modernizarlos y mejorarlos, claro está- distintas instituciones y regímenes de nuestro país. Entre ellos el 1.306/00, modificatorio de la Ley 24.241, relativo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

El enfoque y las líneas generales de política adoptados por el Poder Ejecutivo Nacional son, ciertamente, ponderables. Pero siempre el diablo (o «los diablos») «mete la cola» y pareciera que aparece «en los detalles». A pesar de que la acción gubernamental ocurrió en el marco de un esfuerzo imprescindible para generar la confianza necesaria para obtener el blindaje financiero, urgido por la desconfianza de los mercados externos, expresada en las subas importantes en las tasas de interés y en el llamado riesgo-país que vimos a fines del año pasado.

En el caso específico del decreto previsional, esto pare-ce evidente. Tanto que -en mi opinión- las autoridades deberían considerar la posibilidad de corregir algunas notorias deficiencias que la norma contiene, con toda urgencia. Antes de que -como resultado de la acción de diligentes integrantes de las «corporaciones» de siempre, quizá responsables de algunos de los «detalles» a los que me referiré enseguida-se acumulen rápidamente hechos consumados y derechos adquiridos, de la más diversa naturaleza. De esos que, al final, lamentablemente paga siempre la gente.

Veamos cuáles son:

* Edad jubilatoria de la mujer y acceso «gradual» a la prestación suplementaria. La norma mantiene, para las mujeres, la posibilidad de jubilarse a los 60 años. Con anterioridad se había pensado en igualar su situación con la de los varones, que se jubilan a los 65 años. Lo que se suponía tratar de mejorar la situación financiera de la Tesorería respecto del muy desprestigiado sistema de reparto, en el que ha quedado tan sólo 22% del total de los afiliados, desde que 77% ha elegido --libremen-te-adherir en cambio al sistema de capitalización. Curiosamente, el texto del artículo 26 del DNU 1.306/00, que reglamenta una percepción gradual de los beneficios por parte de las afiliadas mu-jeres (que constituyen 32% del total de afiliados), se presta, quizás, a una interpretación literal no querida: que la prestación, para ellas, puede aumentar año a año, hasta llegar a 100% a los 65 años. Alguno, salvo aclaración, podría llegar a pretender sustentar ese criterio. De prevalecer, se genera-ría una injusfiticada desigualdad. Y aparecería, además, un nuevo sobrecosto al sistema previsional. Imprevisto, según puede presumirse.

* Prestación proporcional. En más, habrá una prestación proporcional a los años aportados. Esto supone no igualar -arbitrariamente- a quienes aportaron durante 30 años con aquellos que, en cambio, sólo pueden acreditar, por ejemplo, 10 años de aportes, lo que aparece equitativo. Pero se suprime la obligación de los autónomos de tener que demostrar una antigüedad en la afiliación no inferior a 5 años para poder entrar en moratorias. Y se encarece así, potencialmente, el sistema.

* Retiro por invalidez. Hay ya, en el sistema de capitalización claro está, unos 12.000 beneficiarios de retiros por invalidez, 82% de los cuales son varones. Respecto de este beneficio en particular, no se ha modificado, como se esperaba, un procedimiento que -se sabe-está lleno de falencias y hasta plagado de oportunidades de posibles irregularidades. Hoy, dado que en rigor no hay rehabilitaciones o reinserciones, todas las invalideces son -curiosamente- definitivas. Lo que naturalmente encarece el sistema. Aparece en el texto, además, de pronto, una ampliación de plazos que luce sugestiva y parece responder a una demanda de la corpora-ción profesional que opera con el sector.

* La posibilidad de seguir en el régimen de reparto. Aquí, pese a la realidad del mercado, que evidencia una constante -masiva- preferencia por el régimen de capitalización, la decisión adoptada fue la de mantener la posibilidad de la opción, pese a los riesgos financieros consiguientes para el erario. Operativamente, se eligió una fórmula que, por el plazo de treinta días asignado, difícilmente pueda ser operativa. Al menos con los sistemas hoy en uso.

* Incompatibilidades. Se dispuso la compatibilidad de la percepción de haberes por invalidez con el ejercicio de actividades docentes o de investigación, pero de nivel universitario. Aunque es difícil criticar la finalidad de la norma, no es fácil imaginar cómo, en los hechos, quienes tienen una deficiencia de, por lo menos, dos tercios de su capacidad laboral -la que, desde luego, debe ser real- por la que perciben un ingreso puedan -salvo excepciones-desempeñar, no obstante, una labor docente o de investigación con la dedicación por ellas requerida. ¿Será que se supone que la incapacidad, en rigor, suele ser menor?

* Capital complementario. Se introducen, sin la necesaria discusión previa, modificaciones sustantivas a las reglas de juego del sistema de capitalización, tanto en lo que hace al capital complementario (la diferencia entre el capital «técnico» y el capital acumulado en la cuenta de capitalización individual del afiliado), como a los respectivos sistemas de ajuste.

* Percepción no unificada de los haberes del régimen de reparto y de capitalización. Para los afiliados nacidos antes del '63 o del '68, para los casos de invalidez y fallecimiento, se suprime, en más, la percepción unificada de los haberes. Bajo ambos regímenes. Aparece así, de pronto, un incómodo mecanismo de pagos parciales, separados, que cabe presumir perjudicará al beneficiario. Operativa y financieramente.

* Comisiones médicas. ANSeS, que es, en rigor, un usuario de las comisiones médicas va, en más, a intervenir en la designación de sus miembros, así como en la determinación de su número y hasta en su ubicación geográfica. Más aún, participará además en la elaboración de la normativa reglamentaria. Es, entonces, posible el crecimiento de designaciones de favor, políticas o de otro tipo. Y todo un efecto desorden y demoras.

* Cálculo de los beneficios previsionales. ANSeS, que aún debe corregir sus ineficacias, tendrá facultades aprobatorias respecto del cálculo de la determinación de los beneficios. Se entronizan, de este modo, demoras y se edifican duplicaciones de esfuerzos. Esto es, ineficacias.

* Política de inversiones de las AFJP. En esta materia se advierten varias deficiencias a corregir. Primero, en materia de política de encajes, que han sido unificados, lo que desnaturaliza su verdadero sentido y razón de ser. Enseguida se incluye, como novedad, la Secretaría de Seguridad Social en las decisiones en materia de criterios y políticas generales de inversión. Esto generará desconfianza no sólo en los mercados, sino también en los propios beneficiarios del sistema. Extrañamente, pareciera que, además, de alguna mane-ra se «preferencian» las inversiones en fondos offshore por sobre las que pueden hacerse en los fondos de inversión nacionales, a los que la normativa impone requisitos mucho más severos para poder calificar como alternativa de inversión de las AFJP.

* Supervisión. Se extiende la actividad de supervisión de la Superintendencia de AFJP a las compañías de seguros de retiro. Otra vez se dispone una duplicación innecesaria de autoridades de control. La propia del sector del seguro, con la que supervisa a las AFJP. Como consecuencia: confusión, sobrecostos, posibilidad de adopción de criterios diferentes, incoherencias y, entonces, otra vez ineficacia.

Como hemos dicho, estamos frente a una reforma previsional que contiene un importante conjunto de adelantos e innovaciones a los que, por oportunos, cabe ciertamente aplaudir. Era hora de hacerlos.

Pero incluye, asimismo, algunos aspectos que (como los antes reseñados), por sus consecuencias, deberían ser rápidamente objeto de pulido, aclaración o revisión, según sea el caso. Confío en que, efectivamente, así sea.