3 de octubre 2003 - 00:00

Hay que evitar "delitos de cuello blanco", pero sin alejar capitales

Con fecha 19 de setiembre de 2003 (B.O. 25/9/ 03), el inspector general de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Augusto Nissen, suscribió la Resolución General IGJ Nº 07/03, que dispuso los criterios a adoptar en lo sucesivo, en materia de Sociedades Extranjeras «que pretendan incorporarse a la vida económica de la Nación».

Detrás del laconismo de esta frase se esconde el cambio de postura más significativo con respecto a la operatoria y responsabilidades que se generen, en lo sucesivo, en lo que hace al funcionamiento en nuestro país de las sociedades «offshore» de las últimas décadas.

Desde una perspectiva histórica, la visión del actual inspector general de Justicia ya había sido adelantada en numerosos artículos de Doctrina, libros y conferencias (vid. «Panorama Actual del Derecho Societario ... Capítulo X Sobre la actuación en la República de sociedades extranjeras en fraude a terceros: las sociedades offshore» Bs.As., 2000, pág. 117), y refleja la óptica de vastos sectores de nuestra comunidad que venían mostrándose indignados frente a las continuas y alevosas situaciones de fraude, cometidas en perjuicio de terceros mediante la interposición de sociedades caribeñas, de la isla de Man y/o de otros paraísos fiscales, constituidas y/o adquiridas ex profeso por los «pícaros» de siempre, exclusivamente para estafar.

En tal sentido, la realidad de los tribunales nacionales aparece desbordada por situaciones de quiebra en las cuales, indefectiblemente, la «cereza del postre» -llámese la fábrica de gran valor, el piso en la avda. Del Liberta dor, la casa del country y/o la mansión de Punta del Este (cuando no el paquete accionario de la sociedad más valiosa)- aparecía transferida «milagrosamente» por el fallido a una compañía con sede en Gibraltar o análogas.

•Multiplicación

Tal situación, se multiplicó durante «la era dorada» -léase, los '90- mediante la utilización de algunos «fondos buitre» que adquirieron las acciones de control de empresas luego involucradas en quiebras de enorme repercusión pública, o -cuándo no-fueron utilizados, interponiendo sociedades «offshore», por familias o grupos económicos vinculados a bancos que se derrumbaron en medio de un enorme estrépito público.

La regulación de la operatoria de sociedades «offshore» en nuestro país no es tarea sencilla, en tanto y en cuanto se debe contrabalancear la necesidad de evitar que se las siga utilizando para cometer el denominado «white collar crime» (delito de cuello blanco), hasta ahora impune
, con el imperioso auxilio de capitales extranjeros que requiere esta triste, «pesificada» y «setentista» Argentina de nuestros tiempos.

De aquí en más, y a partir de la impronta de Nissen, que aparece ahora seguida por la ley modificatoria del Impuesto a las Ganancias aprobada el miércoles 1/09/'03 por el Senado (que pretende terminar con las maniobras de evasión y su facturación de exportaciones de cereal practicadas por empresas a través de sus filiales ubicadas en «paraísos fiscales» del exterior), las sociedades
«offshore» que no tengan una o más sucursales fuera de la República Argentina, que no sean titulares de participaciones en otras sociedades que tengan el carácter de activos no corrientes, o no posean activos fijos en su lugar de origen básico, podrán ser consideradas como un simple instrumento de elusión del Derecho Argentino, utilizadas para infringir los requisitos formales y sustanciales que conforme a éste se les habría debido imponer.

•Persecución

En lenguaje del hombre de la calle, le cabrá graves responsabilidades a quienes pretendan escudarse en las mismas, no operando la personalidad jurídica de las «offshore» en estos casos, como una barrera limitatoria de la agresión de los acreedores perjudicados por su utilización.

Más allá de la posición que se adopte al respecto, y del monumental debate que ya comienza a insinuarse en torno de las nuevas políticas de contralor administrativo -societario de la IGJ-lo próximo, según lo estimo, será la persecución del uso indiscriminado de «sociedades infracapitalizadas» (aquellas de $ 12.000 de capital), y de vicios como el «trasvasamiento» y/o de «sociedades no operativas» y/o constituidas «por las dudas»- lo cierto es que debemos prepararnos a una nueva impronta en materia de búsqueda de moralidad en la vida corporativa nacional que, según lo esperamos, compatibilice la necesidad de que no se siga delinquiendo a diario a través de la figura de la sociedad anónima, con la de recrear una atmósfera de inversión y de crecimiento empresario que desande el camino de decadencia nacional emprendido hace décadas.

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