La discusión del Presupuesto 2009 en el Congreso parece ya un escollo superado por el gobierno. Será difícil que el kirchnerismo no consiga aprobarlo en Diputados y en el Senado; a pesar de las críticas del propio peronismo y la oposición, los votos también están garantizados. Así, tal como se consagró la semana pasada en el dictamen de comisión, no habrá cambios el miércoles cuando se vote en Diputados. Se escucharán protestas de la oposición contra la falta de modificaciones para adecuar la pauta de recaudación a los efectos que la crisis financiera puede tener en el país. De hecho, dos horas antes de comenzar la sesión toda la oposición intentará una sesión especial para derogar los famosos superpoderes y coparticipar la totalidad del impuesto al cheque.Pero el oficialismo no aceptará ninguna de esas razones. Ya lo afirmó Agustín Rossi, el presidente de la bancada kirchnerista: «No le ataremos las manos al gobierno justo cuando necesita recursos para enfrentar la crisis».
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Esa definición incluyó sólo algunos cambios en el proyecto, como en el artículo que ampliaba libremente la capacidad prestable del Banco Nación al Tesoro y que finalmente fue restringida y la incorporación de nuevas obras públicas para las provincias. Un clásico de todo debate presupuestario que sumará también otras promesas de obras cuando el texto se vote en particular en el recinto.
La pelea de las provincias por conseguir más fondos, por lo tanto, no estará en el debate del Presupuesto 2009. En realidad, hacia fin de año existe un match de fondo que todos los diputados y senadores esperan: la renovación del impuesto al cheque que vence el 31 de diciembre de este año. De ahí que la sesión especial convocada por la oposición no tenga demasiado eco aun en el peronismo de las provincias.
El impuesto al cheque nació en épocas de Domingo Cavallo para financiar el déficit del Tesoro y por entonces su recaudación quedaba en 100% para la Nación. Luego, durante la crisis por la salida de la convertibilidad, su suerte quedó atada a la Ley de Emergencia Económica, y Eduardo Duhalde debió cederles a los gobernadores 30% de esos ingresos.
Hasta ahora se ha mantenido esa relación, pero con el déficit que sofoca a la mayoría de las provincias y la deuda que se torna cada día menos sustentable, la presión este año se sentirá en el recinto a la hora de votar la renovación del impuesto.
Por eso, aunque el oficialismo rebelde esta vez no acompañe a la oposición en el reclamo por coparticipar el impuesto, el gobierno deberá enfrentar con seguridad a fin de año una reacción de los gobernadores que presionarán por parte de esa caja. Por lo tanto, no se debe pensar en ningún momento que el impacto que genera ese impuesto distorsivo pueda aminorarse este año.
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