Insiste el gobierno en controlar los precios

En un nuevo intento del gobierno por imponer un control de precios como ya hizo con los supermercados cuando les exigió presentar periódicamente los valores a los que venden unos 40 productos, la Secretaría de Defensa del Consumidor continuará en las próximas horas informando a otras 20 empresas de medicina prepaga que deben suspender los aumentos que anunciaron para las cuotas de febrero.

Según informó ayer el director de Defensa del Consumidor nacional, Carlos Vanella, entre jueves y viernes se ordenaría a otra tanda de prepagas (el martes se les fue comunicado a 19 de las principales compañías) abstenerse de aplicar las subas que anunciaron o cesar de cobrarlas.

El funcionario de la secretaría que encabeza Patricia Vaca Narvaja advirtió que si hasta el miércoles próximo las empresas que fueron notificadas de las medidas cautelares no acre-ditan que las cumplieron, se les iniciará denuncias penales.

Desde la otra vereda, Juan Carlos Villa Larroudet, director ejecutivo de Omint, afirmó que «el aumento está justificado en función del costo laboral y médico, una mayor utilización de algunos servicios y la incorporación de desarrollos tecnológicos».

Respecto de la medida de no innovar con los aumentos de precios, el empresario aseguró que «no se encuentra firme, atento a que está pendiente la interposición de ciertos recur-sos administrativos y judiciales». Y aclaró que esa compañía cumplirá con la resolución «en la medida que se ajuste a las normas legales vigentes».

Según explicó Vanella, las compañías de salud tienen 5 días hábiles desde el momento de ser notificadas para presentarse ante el organismo de defensa del consumidor y acreditar que cumplen con las medidas impuestas.

Ese mismo lapso es el que tienen para presentar descargos por las imputaciones y para eventuales apelaciones.

La medida que se tomó el martes, según el organismo, está inspirada en que «o el contrato estaba mal porque no preveía conforme a la ley la manera en que se debe determinar el aumento y su notificación, o teniendo el artículo sobre el aumento, incurrían en otra viola-ción de la ley sobre la prestación del servicio».

La Subsecretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor y la Dirección porteña habían anticipado además que continuarían la investigación sobre el resto de las prepagas y puntualizaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia «está evaluando si han existido» prácticas de cartelización, ya que las empresas habrían anunciado el aumento en las cuotas en el mismo momento.

Pero desde el ámbito empresarial se sospecha que se trata de un mecanismo del gobierno para frenar los aumentos en la medicina con la fijación de precios máximos.