Insólita carrera para atribuirse fracaso de fusión

El viernes, el Ministerio de Economía fue el escenario de una carrera que recordó escenas de viejos y nuevos films de Hollywood, ésas en las que se pelean dos protagonistas y uno le dice al otro: «Usted no me echa: soy yo el que renuncia». Así, funcionarios y empresarios se «pechaban» para decir de quién era la decisión de dejar sin efecto la fusión entre el Correo Argentino y OCA.

Ese día, el secretario de Defensa de la Competencia y del Consumidor, Carlos Winograd, convocó a los periodistas para anunciar que había decidido no permitir la unión entre ambas prestadoras del servicio postal, pero lo cierto es que la suerte de la operación ya había sido echada algunas semanas antes.

Tal como adelantara en exclusiva este diario el jueves, los dos grupos involucrados en la operación -SOCMA por el Correo; The Exxel Group, dueña de OCA-ya habían convenido dejar sin efecto la adquisición por parte del holding capitaneado por Juan Navarro de 70% de las acciones del viejo correo oficial.

Advertencia

La trama secreta de este «acuerdo para el desacuerdo» indica que la advertencia que lanzara Navarro hacia fines del año pasado («Si el gobierno no me aprueba la operación antes del 30 de enero, no habrá operación») se cumplió: al comenzar el segundo mes del año, los abogados de ambas partes comenzaron las reuniones tendientes a deshacer el preacuerdo y a discutir qué se hará con los fondos adelantados por el Exxel al Correo para solventar parte de su cuantioso déficit operativo.

Los dichos de Navarro habían sido tomados en la Secretaría como una «apretada» para acelerar los tiempos (el expediente se había iniciado en julio pasado, hace casi nueve meses); si bien es posible que el empresario haya utilizado sus dichos como una forma de presión, también es cierto que puso los pies donde antes había puesto la boca, y no compró.

Más allá de advertencias, «caprichos», enojos y presiones cruzadas, la clave de esta decisión por parte de OCA fue el contenido del proyecto de marco regulatorio para la actividad postal, elaborado en conjunto en la Secretaría de Winograd y la de Comunicaciones, a cargo de Henoch Aguiar.

Lo que hizo desistir a la gente del Exxel de su intención de entrar en el Correo fue el hecho de que no se impedía la atomización de la actividad, y no se imponían suficientes controles a la evasión.

Asimismo, en una primera versión de ese marco no se garantizaba la exclusividad del Correo en lo que hace a las «comunicaciones fehacientes» (cartas documento, telegramas, avisos de retorno) y a la emisión de sellos. Con esos datos en la mano, más la deuda que acumulaba el Correo por cánones y gastos operativos, la ecuación económica no les cerraba y decidieron «bajarse». A esto debe agregarse un dato también anticipado por Ambito Financiero: entre los requisitos que se le hubieran impuesto a OCA para aprobarle la compra del Correo -hipótesis que, a pesar de lo anunciado por Winograd en el sentido de que tenían preparado un documento de 150 páginas rechazándola, se barajó hasta último momento-, la empresa se habría visto obligada a desprenderse de toda su operatoria postal. Winograd sólo le habría permitido conservar el negocio del clearing bancario.

Trabas

Curiosamente, del otro lado de la cerca, los ejecutivos de Francisco Macri tampoco estaban demasiado convencidos de que lo que había nacido como un negocio brillante continuara siéndolo después de conocido el proyecto de marco y cuando las reuniones para la fusión fueron derivando hacia una dirección exactamente opuesta, tampoco se preocuparon demasiado.

Lo cierto es que a pesar de las trabas que surgían desde el Estado, los interesados siguieron cumpliendo con la presentación de documentación adicional que les solicitaban Winograd y Aguiar.

Pero la decisión ya estaba tomada desde hacía tiempo, y las empresas estaban aguardando el momento oportuno para anunciarlo al gobierno y a los mercados. Definitivamente, ese momento no era la semana del reemplazo del equipo ministerial en Economía, pero la información publicada por Ambito Financiero el jueves pasado aceleró los tiempos. Así, el viernes se vivió la mencionada situación casi graciosa cuando SOCMA, el Exxel y Winograd se lanzaron en una carrera sin ganadores posibles para decir de quién había sido la decisión de no avanzar en la fusión. Nobleza obliga, los empresarios (una vez más) habían sido más veloces que el Estado y ya tenían preparados los documentos de desistimiento que presentaron ese mismo viernes.

El funcionario, en rueda de periodistas, afirmó que «el gobierno manifiesta su prohibición de que esta operación se realice, porque considera que no es consistente con los objetivos de defensa de la competencia y no beneficia a los consumidores».

Y agregó que uno de los puntos centrales que inclinó la balanza hacia la negativa fue que «ninguna de las dos empresas fue capaz de fundamentar las ganancias en eficiencia por la se iban a beneficiar los consumidores».

Un día después, Jorge Aguado, vocero y vice-presidente de SOCMA, manifestó su extrañeza por la convocatoria a la conferencia de prensa: «Es raro que se dé a conocer la resolución por ese medio sin avisar previamente a las partes» y confirmó que habían decidido dar marcha atrás con la fusión antes de la decisión oficial.

De todos modos, no es de esperar que ninguno de los dos grupos salga con los tapones de punta contra Winograd: saben que por su escritorio deberán pasar todas las futuras compras o ventas de empresas que realicen en el futuro más o menos mediato, y no sería «buen negocio» malquistarse con el funcionario que tiene poder de veto sobre este tipo de operaciones.