Insólito control

Cierta preocupación despertó en bonistas argentinos con títulos en el exterior el dato de que, en caso de aceptar la oferta por el default, podrían eventualmente ser investigados impositivamente. Concretamente, el Ministerio de Economía exige a los bancos que informen el número de cuenta de cada uno de los pedidos de los bonos Par, y se reserva el derecho de solicitar los datos del titular si lo considera conveniente. Es para comprobar que los que soliciten ese título sean realmente pequeños ahorristas (menos de u$s 50.000). Pero no deja de ser algo poco feliz cuando se debe maximizar el porcentaje de adhesión que tendrá la oferta. El monto de los argentinos en esta situación no es menor.

Numerosos clientes argentinos que tienen activos en bancas privadas del exterior (en general, paraísos fiscales) se pusieron en alerta en los últimos días por el canje de la deuda. Ocurre que muchos de los que quieren ingresar tienen temor de ser individualizados, ante un requerimiento oficial de información especial que realiza el gobierno a quienes opten por suscribir los bonos Par (sin quita de capital nominal).

El Ministerio de Economía exige que las entidades informen el número de cuenta de cada uno de los pedidos por el bono Par. Esto se debe -según explican técnicos del Palacio de Hacienda-a la necesidad de establecer de manera individual cuál es la tenencia de títulos de los que se presentan al canje.

En principio, sólo se solicita la información del número de cuenta, dato ya muy valioso para los que optaron por mantener esta tenencia en paraísos fiscales o países con estricto secreto bancario (Suiza, islas Cayman, Bahamas).

Claro que el gobierno también «se reserva el derecho» de solicitar los datos del titular de dicha cuenta si lo considera conveniente, de acuerdo con el contrato que el Ministerio de Economía firmará con cada uno de los bancos que participa en el canje a través del mecanismo de una «cuenta colectiva» que agrupa a los cientos o miles de inversores que participarán del canje.

Una vez que el banco presente la información global de la «cuenta colectiva», deberá detallar cuál es el pedido individual de cada una las subcuentas junto con su número. «No podemos asegurar que el gobierno no solicite información en el futuro sobre las personasque están detrás de estos números», afirmó un ejecutivo de banca privada a Ambito Financiero.

De todas formas, a los clientes se les brinda poca información sobre estos riesgos. Los bancos no quieren que se los vuelva a acusar de actividades sospechosas (como esconder información sobre evasión fiscal), como sucedió en 2001 y 2002. Ante una consulta de Ambito Financiero, fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron que «la idea no es hacer persecuciones fiscales, sino maximizar la cifra de aceptación del canje.

Quienes tengan temor sobre una posible identificación tienen otra alternativa: optar por el bono Discount (que posee un descuento nominal de 66,3%). En este caso, la entidadno debe individualizar las cuentas de los clientes, sino que se presenta a través de una cuenta colectiva, tal como se hizo -por ejemplo-con el ingreso a la reestructuración de la deuda del megacanje.

Debe tenerse en cuenta que los límites del bono Par para cada inversor se estipulan por cuenta y por especie. Esto significa que una persona que posee títulos en default en tres cuentas puede suscribir por cada una de ellas hasta u$s 50.000 en el nuevo bono sin quita de capital. Al mismo tiempo, si en una misma cuenta posee cuatro especies de bonos defaulteados, también puede solicitar por cada uno de ellos el cupo disponible de Par.

Se estima que la mayor parte de los argentinos con bonos no declarados entrarán en el canje u optarán por vender los títulos a último momento. Para este grupo está vedada la posibilidad de enjuiciar al Estado por las características del canje, ya que no figura en ningún capítulo que son legalmente tenedores de títulos argentinos.

Los bancos que mantienen cuentas de clientes argentinos en el exterior están recabando por estos días la información respecto de la decisión que tomarán los clientes que tienen bonos argentinos en default. Se calcula que la cifra rondaría los u$s 10.000 millones.