Invalidó la Justicia recorte y pago en bonos en la provincia

Buenos Aires - El recorte salarial de Carlos Ruckauf descarriló ayer por un polémico obstáculo legal: la Suprema Corte de Justicia provincial invalidó el decreto que fijaba el ajuste.

En una acordada, el Tribunal declaró la «total y absoluta invalidez» del Decreto 1.960 que ajustaba sueldos y disponía el pago en bonos, entre otras medidas.

Ocho de los nueve miembros del clan que preside Elías Laborde; y el procurador de la Corte, Eduardo De la Cruz, firmaron el dictamen que anula el recorte bonaerense.

El argumento judicial es simple: el decreto oficial «desconoce manifiestamente» la división de poderes que establece la Constitución bonaerense.

Formato

También tacha el formato que eligió Ruckauf al emitir un decreto de necesidad y urgencia, figura prevista en la Nación, pero no en Buenos Aires.

Y desempolva una disposición similar de octubre del '91 cuando Antonio Cafiero decretó un ajuste salarial que la Justicia mandó a la basura.

Por entonces, Cafiero no se inmutó: dijo que era un fallo declarativo porque la Corte actuó de oficio y podó los sueldos.

Ruckauf, se especulaba anoche, podría pisar sobre aquellas huellas y repetir la desobediencia del ahora senador.

El fallo judicial trascendió 30 minutos después de que Eduardo Amadeo, secretario de Prevención de la Drogadicción, blanqueó el tijeretazo en los sueldos de más de 1.000 pesos.

Austero en precisiones, Amadeo -ahora vocero del gobernador-salpicó medidas ya conocidas con silencios o evasivas.

Igual ese plan, que regiría desde agosto, quedó trunco. Y ahora deberá desembarcar en territorio hostil: el Parlamento que controla la Alianza.

Por la tarde, Ruckauf bosquejó la táctica política y Jorge Casanovas, ministro de Justicia, desmenuzó el capítulo legal.

Al anochecer, el gobierno contraatacó: «Es una cuestión política: De la Rúa nos obliga a ajustar, y los jueces radicales invalidan el ajuste», dijo un alto funcionario.

Apaleó con eso a Laborde, Ernesto Ghione, Juan Manuel Salas, Héctor Negri y Guillermo San Martín, los miembros de la Corte designados por la UCR en los '80.

Sin embargo, tres de los jueces nombrados por el PJ -Alberto Pisano, Eduardo Pettigiani y Eduardo De Lázzari-firmaron el fallo. Sólo Juan Carlos Hitters se excusó.

También en La Plata despotricaron porque «la Corte no entiende que la provincia no tiene plata y está al borde del default salarial».

Los jueces retrucaron: hablaron -coincidió la Alianza-de «aberración jurídica» y recordaron, como dato, el pedido de poderes especiales que meses atrás cursó Ruckauf.

Como los poderes especiales, los decretos de necesidad y urgencia son facultad exclusiva del Presidente. «Y Ruckauf todavía no lo es», ironizó un aliancista.

En Tribunales aterrizó otro tema áspero: la emisión de bonos. Dos diputadas del Polo Social, Susana Amaro y Graciela Vanzan, armaron un amparo para frenar el Patacón.

Mientras negocia que se respete su valor nominal en el mercado, el gobierno confirmó que en servicios básicos -planes sociales y hospitales-los proveedores cobrarán en efectivo.

Esa medida no aparece en el decreto de Ruckauf, tumbado ayer, que suprime cargos, rebaja sueldos, pero, paradójicamente, no roza a los jueces.