22 de febrero 2022 - 00:00

Habrá incentivos para una jubilación tardía y cambios en el régimen especial

El pago de jubilaciones es el 52% del Presupuesto. Hay 8 sistemas especiales, distintos al general. Acuerdo con FMI no prevé volver a la fórmula de Macri.

Claudio Moroni
Claudio Moroni

El Gobierno confirmó que habrá cambios en el sistema previsional como parte del acuerdo con el FMI. No será la clásica reforma previsional que se solicita en los acuerdos de facilidades extendidas, como el que firmará Argentina, pero si incluirá la revisión de los regímenes especiales, y habrá incentivos para la jubilación tardía. El impacto fiscal en el corto plazo no alcanza ni el 0,1% del PBI, según expertos en seguridad social, mientras que el pago de jubilaciones representa el 52% del Presupuesto nacional.

En el apartado de “política fiscal y de financiamiento” del borrador del acuerdo se detalla que el gasto en jubilaciones se guiará por “el nuevo mecanismo adoptado a fines de 2020”, esto es, la fórmula de movilidad que se ajuste por la variación de los salarios y la recaudación. Agrega que se realizará un estudio para describir “recomendaciones para la sostenibilidad de largo plazo” del sistema previsional, hoy el principal gasto del Estado. Finalmente, describe: “se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales previsionales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que “no habrá ninguna reforma jubilatoria”, y que “se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020”. El FMI no comparte la nueva ley de movilidad que lleva un año, similar a la que estuvo vigente entre 2009 y 2017, sino que avala la que promovió el Gobierno de Cambiemos en el Congreso en diciembre de 2017, que se ajusta por inflación.

Así lo dejó por escribo el FMI en el apartado “reforma de pensiones” de la evaluación ex post que hizo el FMI en diciembre pasado sobre el acceso excepcional al crédito stand by. “Ningún cambio fue hecho en los parámetros del sistema de pensiones durante el programa. Sin embargo, ya habían sido hechos antes: la fórmula usada fue revisada a fines de 2017, basada en una indexación por crecimiento en salarios e impuestos, que contribuyó a un aumento en los costos de pensiones en la década a anterior, a una ajustada en salarios e inflación (70% inflación). Este cambio hizo que el sistema de indexación estuviera más en línea con las mejores prácticas internacionales”. Por la aceleración de la inflación en 2018 y 2019, el informe dice que esa ley de movilidad “contribuyó al ajuste fiscal”.

Por otro lado, el presidente, Alberto Fernández, confirmó en radio El Destape que los cambios que se harán a los regímenes especiales “no incluyen al régimen previsional docente, sino al régimen en el que están embajadores y jueces”. Los regímenes especiales están dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y son 8: docentes, luz y fuerza, investigadores y científicos, poder judicial, docentes universitarios, servicio exterior, Yacimiento Río Turbio, y el servicio penitenciario. En total son 270.312 beneficios, sobre un total de 6,64 millones de beneficios del SIPA, según datos oficiales de ANSES.

Dentro de los regímenes especiales de los que Alberto Fernández planteó realizar cambios, se encuentran 7.150 (Poder Judicial) y 665 (servicio exterior). Las jubilaciones son mucho más elevadas que en el resto de sistema: de las 71 personas que cobran jubilaciones por encima de 1,2 millones por mes, 62 son del Poder Judicial. El haber medio del sistema jubilatorio es de $44.845, mientras que en el Poder Judicial es de $519.611 y en servicio exterior $563.372 por mes. En diciembre, ANSES pagó $4.090 millones a estos dos sectores, mientras que el total pagado a todas las jubilaciones ese mes fue de $296.690 millones, apenas el 1,4% del total.

Ya en febrero de 2020, como una de las primeras medidas del Frente de Todos, se quitaron algunos beneficios en estos sistemas. El impacto fiscal de volver a modificarlos sería muy leve: “El 90% de los regímenes especiales son docentes y científicos. Tiene sentido ético cambiar el del poder judicial, pero económicamente no significa nada”, aseguró el abogado previsional Miguel Fernández Pastor, quien fuera gerente de ANSES. En la misma línea, Rafael Rofman, economista de Cippec, quien trabajó durante casi 20 años en el Banco Mundial, estimó: “Entre ambos sistemas gastan 0,082% del PBI, menos de un décimo, porque si bien tienen haberes altos, son pocas personas. Y por más extrema reforma que hagas, no afectás a los que ya cobran, sino a los nuevos beneficiarios. El año pasado hubo 180 altas, apenas te ahorrás una parte de eso”.

En tanto, en el Gobierno confirmaron que el acuerdo con el FMI contempla la prolongación “voluntaria” de la vida laboral, siendo hoy la edad jubilatoria en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, según el régimen general. “En el mundo la expectativa de prolongación de la vida útil de los trabajadores va en aumento”, aseguró el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien anticipó que se buscará ofrecer incentivos a los trabajadores para continuar con su vida activa.

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