La Argentina mostró una mejora durante el ultimo año que le permitió avanzar del puesto 74 al 72 en el Ranking de Competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial, pero continúa con bajas calificaciones en el aspecto institucional, en especial, para legislación y contratos.
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El informe fue elaborado sobre la base de encuestas a 11 mil empresarios de 117 países y fue difundido ayer en Ginebra, Suiza, sede del Foro. Analiza el potencial de las economías mundiales para obtener un crecimiento a medio y largo plazo, y se define a partir de tres criterios esenciales: el entorno macroeconómico, calidad de las instituciones públicas y la capacidad de innovación y para implementar nuevas tecnologías. En el primer lugar de la lista (como el país más competitivo del mundo) se encuentra Finlandia, que lidera las calificaciones por tercer año consecutivo. Estados Unidos está en segundo lugar, seguido por Suecia, Dinamarca, Taiwán y Singapur.
En el informe difundido ayer, se asegura que «es especialmente destacable la mejoría que se observa en el desempeño macroeconómico de la Argentina, en parte como reflejo de una reducción de los niveles inflacionarios, de una evolución de las perspectivas presupuestarias y un cambio en el ánimo de la comunidad de negocios». Pero advierte: «Los niveles de deuda pública permanecen altos, y la Argentina sigue teniendo bajas calificaciones en aspectos relacionados con el entorno institucional para legislación y contratos, tales como: derechos de propiedad, independencia del Poder Judicial y en varias estimaciones sobre corrupción».
En este marco, Augusto López-Claros, economista jefe y director del Programa de Competitividad Mundial del World Economic Forum, consideró que «la recuperación económica de la Argentina fue ayudada por un contexto externo favorable, en especial, por altos precios de las materias primas». Sin embargo, aclaró -a través de un comunicado- que «la encuesta muestra que el sector privado local sigue manifestando un profundo escepticismo acerca de la solidez del entorno institucional».
El economista enfatizó que «claramente, el gobierno todavía debe enfrentar algunas grandes tareas, incluyendo la reducción de la deuda pública a niveles más sostenibles; el combate a la pobreza y a las inequidades en el ingreso; y la aguda incidencia de la corrupción». Añadió que en el país «se debe realizar un importante esfuerzo para restaurar la confianza de la comunidad empresarial, fortaleciendo el rol del sector público en su papel como generador de buenas políticas y de reglas inteligentes y transparentes». Entre los países de América latina, Chile (en el puesto 23) encabeza las posiciones por un amplio margen, superando incluso a la mayoría de los países de la Unión Europea. Desde el año pasado, México cayó 7 lugares, hasta el puesto 55, cediendo a Uruguay la posición de segundo país en el ranking regional. Brasil bajó 8 lugares hasta la posición 65. El informe destaca que «Chile sigue teniendo una excelente gestión macroeconómica, junto a instituciones públicas de un notable nivel de competencia, igualando en materia de transparencia y eficacia a la Unión Europea». Y comenta que el retroceso de México y Brasil obedece a «la sensible degradación de todos los indicadores que miden la calidad de las instituciones públicas», entre ellos, obstáculos a la independencia judicial, favoritismo o clientelismo en la atribución de mercados públicos.
La caída de Brasil se da ante un «empeoramiento en el estado de ánimo de la comunidad empresarial (brasileña) en los últimos seis meses, que refleja una preocupación por la falta de niveles adecuados de transparencia en el sector público», afirmó López-Claros.
Venezuela (puesto 89) «prosigue su caída hacia las profundidades de la clasificación, perdiendo cuatro plazas (respecto de 2004), cuando estaba en el puesto 62 en 2001», indica el informe y agrega que «como consecuencia de una gestión deficiente, todos los parámetros tomados en cuenta en el índice se deterioraron».
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