"La Argentina, con problemas con el dinero del terrorismo"

Charles Grice, director de Consultoría de Riesgo en Servicios Financieros de Kroll en Nueva York, les recomendó ayer a banqueros capacitar a sus empleados para denunciar operaciones de blanqueo. Anticipó que la evasión impositiva será el siguiente frente internacional en los delitos financieros.

Si algo quedó en evidencia ayer en el seminario sobre Prevención de Lavado de Dinero es que la Argentina está lejos de tener un programa que mitigue ese flagelo. Significa que el sistema financiero está expuesto a un grave riesgo y el país dispuesto para un santuario del terrorismo.

La Argentina tuvo que explicar cinco veces ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por qué no puede avanzar en la sanción de normas de tipo penal contra el blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo.

En febrero pasado, el GAFI le advirtió al gobierno de Néstor Kirchner que los controles de lavado de dinero no eran los adecuados, y deslizó con mucha diplomacia que, de persistir esa situación, pasaría a engrosar la lista negra de los Estados considerados no colaboradores, en la que se encuentras países y jurisdicciones como la isla Cook, Nauru o Nigeria.

Además, el GAFI exigió incluir en el Código Penal el castigo al financiamiento del terrorismo, eliminar el monto mínimo de 50.000 pesos para la calificación criminal del lavado y las «excusas absolutorias», que permiten eludir la obligación de informar las operaciones sospechosas de una misma familia ante la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de vigilar estos delitos.

Roberto Lavagna se comprometió a aplicar una nueva legislación en el corto plazo, pero lo cierto es que existen lagunas en la legislación que impiden cumplir con lo que se reclama desde Estados Unidos.

Por caso, Zenón Biagosch, director del Banco Central, admitió ayer que las normativas locales no terminan de adecuarse a las internacionales y que «desde el año 2000 no se actualizaban normas con respecto al lavado de dinero».

Según señaló en Central, adoptó las recomendaciones del Consejo de Seguridad de la ONU y del GAFI, pero restan decisiones importantes, como la creación de un cuerpo específico de inspectores para la detección de operaciones sospechosas o una base de datos centralizada que le sirva al banco para informar y asistir a la UIF.

Para colmo de males, «el proyecto de ley que tiene media sanción dista mucho de lo solicitado por el GAFI y de lo que el Central necesita», dijo Biagosch. Es que esa iniciativa sólo hace referencia al levantamiento del secreto bancario y bursátil -sin intervención judicial- sobre operaciones sospechadas de lavado de dinero.

La pretendida ley aumenta las facultados de la UIF para que entidades financieras, AFJP, sociedades de Bolsa, cualquier organismo público y privado no pueda oponer secreto bancario cuando se reclama información sobre operaciones de un cliente. Sin embargo, no entra dentro de esa facultad el levantamiento del secreto fiscal por oposición de la AFIP.

Tampoco contempla las modificaciones al Código Penal que pidió el GAFI en cuanto al endurecimiento de la pena y control de financiamiento al terrorismo, por no haberse acordado esa reforma en el tratamiento en Diputados. El punto en discordia en ese debate fue definir qué se consideraba en la Argentina terrorismo, ya que de acuerdo con la nomenclatura internacional los diputados deberían haber encuadrado en esa categoría hasta las actividades de los piqueteros.

• Incoherencia

Más mordaz fue Alicia López, presidenta de la UIF Argentina, que habló de la ausencia de una política de Estado para la prevención y la persecución del blanqueo de capitales. Por este delito, desde 1989 no existen condenas. Sólo hay una sentencia de primera instancia.

López se quejó, además, de la «incoherencia» de las leyes que le dan todas las responsabilidades de la UIF, pero ésta no recibe siquiera información de las fuerzas de seguridad o de inteligencia y no tiene el poder de policía ni facultades para hacer inteligencia.

José María Salinas, de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos (FAPLA), también abundó sobre estas cuestiones, pero se pronunció con mayor vehemencia por la sanción de una ley específica sobre la materia.

Al respecto, consideró que lo adecuado «no es reformar el Código Penal y Procesal, sino crear una ley especial para el terrorismo», que castigue y sancione las formas de financiamiento de estos grupos.