"La Argentina ya habló", dicen en el Gobierno. Definen los buitres y Griesa

La comitiva argentina al salir de la última reunión con el mediador Pollack el jueves pasado.

Salvo que los fondos buitres soliciten un "stay" (amparo) o que el juez Thomas Griesa dé una señal positiva autorizando el pago de los bonos reestructurados sin que cobren los holdouts, Argentina va a ir al default, según comentan en los pasillos de la Casa Rosada.

En los últimos días fueron reiterados los contactos telefónicos que mantuvieron el titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof y el mediador Daniel Pollack para encontrar una solución, según pudo saber ámbito.com.

La instrucción del juez Griesa al "special master" fue que llevara a cabo las acciones necesarias para que la Argentina no caiga en default, misión en la que, hasta el momento, ha tenido un rotundo fracaso, según se comenta en fuentes oficiales.

Pese a los suculentos honorarios que recibe Pollack - casi 12.000 dólares por día, de los cuales la Argentina ya pagó 125.000 dólares, lo cierto es que desde que fuera designado, el 23 de junio pasado, hasta el momento no se observa ningún cambio en las posiciones, tanto del Gobierno como de los fondos buitre.

El tema también es motivo de preocupación para los bancos neoyorkinos. De acuerdo con informaciones provenientes de los Estados Unidos, en Wall Street existe inquietud porque el fallo del juez Griesa pueda llegar a afectar el multimillonario negocio de la colocación de bonos soberanos.

"Los ingleses están felices con Griesa", sostuvo el directivo de un banco de inversión refiriéndose a la previsible derivación de las nuevas emisiones de bonos de países emergentes hacia Londres, en el marco de la gran disputa que existe entre Londres y Nueva York por el control de los negocios financieros.

Un dato importante es que el ministro Axel Kicillof mantuvo conversaciones con autoridades de Perú y Paraguay, países que tienen prevista la emisión de nueva deuda sugiriéndoles que tengan en cuenta otra jurisdicción alternativa a Estados Unidos, sugerencia que no habría caído en saco roto, comentan en el gobierno.

En el terreno político, hubo expresiones de distinto tenor que provocaron desde descontento y desaprobación en el Gobierno, hasta beneplácito.

Una de las manifestaciones que más habría irritado a la presidente Cristina de Kirchner corresponde al presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, quien afirmó que "el gobierno tendría que llamar a un Pacto Social, sino toda la responsabilidad va a caer en un jovencito o en una señora. Se equivocan al no abrir el juego". Y agregó: "tenemos un ministro que dice que es lo mismo un default o no". También provocaron rechazos en los medios oficiales las opiniones de economistas que hablaron de improvisación en las negociaciones y que la actual situación se podría haber evitado.

Por el contrario, fue recibida positivamente una columna de opinión de Roberto Lavagna, de alguna forma avalando lo actuado por el Gobierno. El exministro de Economía de Néstor Kirchner consideró que era preferible el "tifón" del default momentáneo, a causar el "tsunami" de una negociación que tirara abajo toda la reestructuración de la deuda. También fueron bien recibidas las opiniones de otro exministro de Economía (en este caso de Eduardo Duhalde), Jorge Remes Lenicov que desdramatizó una eventual cesación de pagos, junto con otros.

En los medios oficiales también se escuchan críticas al estudio de abogados que defiende a la Argentina, Clear & Gotlieb, ya que se considera que la defensa no fue la más apropiada. Desde Nueva York, cede del bufete, se comenta que no siempre las autoridades nacionales siguieron los consejos de los abogados. Más aún, hacen referencia a anteriores gestiones en el Ministerio de Economía, las de Amado Boudou y Hernán Lorenzino durante, las cuales, sostienen, la presidente Cristina habría sido mal asesorada.

Más allá de las encuestas de opinión que muestran un mayoritario apoyo a la posición firme de la Argentina en defensa de los intereses nacionales, en el Gobierno existe preocupación por cómo se vaya a resolver el caso.

En este sentido, los distintos aspectos críticos de la negociación fueron revisados y ratificados por los pocos funcionarios de alto nivel que intervienen en el tema: la Presidente, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini, el jefe de Ministros, Jorge Capitanich y el titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof, con sus colaboradores más cercanos. La conclusión a la cual arribaron es que en todo momento los principales argumentos sobre los que se alertó se fueron cumpliendo, como ser: el riesgo de la clausula RUFO; la demanda del resto de los holdouts, la falta de comprensión del problema por parte del juez Griesa, el riesgo para el sistema financiero y las restructuraciones soberanas, entre otros aspectos.

El tiempo de descuento ya comenzó: ahora dependerá del juez Griesa o de los fondos buitres el resultado del pleito ya que, según señalan en la Casa Rosada "Argentina ya habló".