Tanto los mercados como las dificultades que ha enfrentado la Argentina a lo largo de agosto en las negociaciones con el FMI confirman que sin credibilidad política no hay credibilidad económica.
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La primera condición que debe resolver el país para recuperarla en el campo económico financiero es demostrar que ahora cumplirá sus compromisos, después de que los asumidos a fines del año pasado para obtener el «blindaje» fueron incumplidos desde entonces. Los compromisos respecto de la reforma previsional y la desregulación de las obras sociales -que fueron firmados por el país más allá de sus virtudes o defectos- continúan sin ser cumplidos.
A ello se agrega que a un mes de la sanción de la Ley de Déficit Cero, el riesgo-país sigue siendo alto, más allá de la baja de los últimos días. Es que la llamada ley de la convertibilidad fiscal fue modificada por no poder ser cumplida a fines del año pasado y la ley del compromiso fiscal sancionada en diciembre para dar credibilidad al blindaje nunca fue cumplida. Ello ha quitado a las leyes efectos sobre la credibilidad económica y lo que debe ser tenido en cuenta cuando se propone dar certeza a los depositantes mediante la sanción de una ley. La Argentina requiere ante todo reconstruir la credibilidad «institucional» respecto del cumplimiento de sus compromisos. En este campo, cumplir el déficit cero mes a mes puede ser el comienzo de la reconstitución de la credibilidad «institucional» sin la cual no puede existir la credibilidad económica.
• Condición política
La segunda condición está en el campo específicamente político. La Argentina tiene que demostrar que es capaz de cumplir ahora compromisos con exigencias excepcionales, cuando el gobierno tiene por delante una probable derrota electoral en las elecciones legislativas del 14 de octubre. A ello se agrega que los candidatos del oficialismo en los principales distritos están iniciando su campaña proponiendo «reprogramar» la deuda externa, con un discurso que parece ser más opositor que el del PJ, el que si bien reclama mayor asistencia a los desempleados, una política más eficaz en materia de seguridad pública y planes de infraestructura para las provincias no avanza sobre el tema de la deuda.
La compleja situación política se pone en evidencia también en el hecho de que AR, el partido del ministro de Economía, Domingo Cavallo, vaya aliado en los comicios con el principal partido de la oposición en media docena de distritos, entre los que están Capital y Córdoba. No resultará fácil resolver la credibilidad política después de la elección incorporando al PJ al gobierno, dado que este partido probablemente seguirá contribuyendo a la gobernabilidad pero evitando el desgaste que puede significar participar del gobierno en esta etapa, frente a las posibilidades que tiene para la elección presidencial de 2003.
Acuerdos políticos que permitan mostrar un consenso básico para el respaldo y cumplimiento de los nuevos compromisos por parte del oficialismo y la oposición serán imprescindibles para recuperar la credibilidad.
La tercera condición para recuperarla está en el campo social. La Argentina debe demostrar que podrá contener el conflicto que derivará de una profundización del ajuste del gasto público, cuando vuelve a tener un desempleo récord que supera 18% y tras más de tres años continuos de recesión. El problema mayor del ajuste no está en la baja de salarios y jubilaciones sino en la reducción de las partidas de funcionamiento -donde en muchos casos el ajuste es superior a 13%- que implica cese de programas de atención en los hospitales, desfinanciamiento de la asistencia a los desempleados y cese de los subsidios a los comedores de los sectores más necesitados.
La inmediata fusión de todos los planes sociales en uno que garantice una asistencia mínima a las familias indigentes puede ser una medida que permita explicar cómo la Argentina va a poder contener el conflicto social que derivará del cumplimiento de los nuevos compromisos financieros.
En conclusión, la Argentina enfrenta una crisis de credibilidad económica y sólo reconstruyéndola en lo institucional con el cumplimiento de los compromisos asumidos, en lo político con el consenso de oficialismo y oposición en la misma dirección y reestructurando el gasto social para poder contener el conflicto que inevitablemente deriva de los ajustes del gasto público, harán posible que un nuevo acuerdo con el FMI sea el punto de inflexión para recuperar el crédito perdido.
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