La ministra de Economía al Congreso

Felisa Miceli visitará hoy el Senado -será la primera vez desde que asumió como ministra de Economía- para recibir un apoyo formal del bloque peronista a su política de precios acordados y una suerte de respaldo en la pelea que mantiene con algunos sectores ganaderos por el mismo tema. Ese fue el motivo que oficialmente se informó para el almuerzo que mantendrá con Miguel Pichetto (jefe del bloque PJ), Jorge Capitanich (Comisión de Presupuesto y Hacienda), Rubén Marín (Comisión de Economía), Celso Jarque, Marcelo López Arias, Maurice Closs y José Mayans. Junto a ellos se sentará también el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos, para explicar los problemas de precios en el sector.

Pero Miceli heredó de Roberto Lavagna otros temas pendientes en los que el Congreso tiene mucho más que decir que el apoyo a una política de precios en la que no interviene en lo más mínimo.

• Tres temas

Dentro de ese universo -que se conoce en la generalidad como «la agenda parlamentaria»-, Miceli tiene para discutir básicamente tres temas, uno de los cuales Lavagna nunca se preocupó demasiado por impulsar:

• De la última sesión de Diputados quedó pendiente -sin justificación suficiente- el proyecto que les permite a las pymes deducir del Impuesto a las Ganancias los dividendos que reinviertan en bienes de capital por un plazo de dos años. Es un proyecto que Lavagna había enviado al Congreso, que siempre tuvo el apoyo de la totalidad de los ex duhaldistas -de hecho son los que más lo reclaman-, del radicalismo y del resto de la oposición. El kirchnerismo, por el contrario, lo eliminó de la agenda de la última sesión y quedó pendiente de votación en medio de la maraña política que armó el oficialismo en su obstinación por votar la reforma al Consejo de la Magistratura.

Además, a pesar de que muchos de sus ministros apoyan esa iniciativa reclamada por el sector industrial, Néstor Kirchner sabe que hoy se ha transformado en una bandera de la oposición y eso puede conspirar contra la sanción definitiva.

• El más complicado de todos los temas pendientes es, sin duda, la ley que establece cargos fijos a pagar por las empresas beneficiadas con obras de infraestructura de transporte de energía para financiar su construcción. Es una ley compleja que otorga poderes especiales al Ejecutivo para determinar qué obras se construirán, por qué montos, quiénes pagarán esos «cargos fijos» y por cuánto tiempo.

Tiene, además, aristas más complicadas aún. Por ejemplo, existen obras que ya se han construido, como la ampliación del gasoducto San Martín, que deben comenzar a pagarse mediante ese sistema de «cargos especiales» definido por el gobierno como herramienta para extender esas obras. Algunas empresas, inclusive, ya los están pagando -existen casos en que se abona un plus de 75% sobre la tarifa eléctrica que se liquida en la misma factura del servicio, como establece el proyecto- pero sin estar votada aún la ley que los habilita. Si bien Lavagna habló en varias ocasiones en el Congreso sobre el tema, se sabe que el ex ministro nunca apoyó con euforia esa idea que, más bien, pertenece al área de Julio De Vido. Además, el nivel de facultades que se le ceden al gobierno es tal -de hecho se crea una categoría de tasas que será manejada íntegramente por decreto- que hasta el propio kirchnerismo duda desde hace más de un año cada vez que se acerca la posibilidad de votar la ley. La oposición, como es lógico, la rechazó siempre de plano.

• Miceli deberá enfrentar también la discusión sobre otro proyecto que la involucra específicamente: la modificación a la Ley de Defensa de la Competencia que le otorga al ministro de Economía la facultad final de autorizar o no fusiones, compras o ventas de empresas cuando éstas puedan afectar sectores sensibles de la economía, terminen en la constitución de monopolios o permitan la cartelización.

Es un proyecto que envió Lavagna al Congreso cuando el gobierno comenzó con su lucha por la suba de precios en algunos sectores. Fue poco tiempo después que la Comisión de Defensa de la Competencia aplicó sanciones a las empresas cementeras y las proveedoras de oxígeno medicinal por haber cartelizado precios cinco años atrás. Es decir, fue una medida más ejemplificadora de lo podría pasar que debida a los aumentos del momento. Con la nueva ley, en espera en el Senado, el ministro de Economía podrá decidir autorizar o no esas operaciones de fusión, incluso en contra del dictamen que emita la Comisión de Defensa de la Competencia.

En cuanto al tema carnes, los senadores le expresarán a Miceli su total apoyo a todas las medidas tomadas hasta ahora, entre ellas la creación del registro de exportadores de carnes.