El plan contra el empleo en negro tendrá dos etapas, comenzando con una campaña de difusión y concientización social de cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social.
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Luego procederán a verificar y controlar los datos declarados por los empleadores al sistema previsional. Se lanzará una inspección sobre empresas de hasta 50 trabajadores, previamente seleccionadas. Se cruzarán los datos fiscalizados y declarados con distintos organismos y dependencias de la seguridad social.
La segunda etapa se caracterizará por las actuaciones administrativas correspondientes a los incumplimientos fiscalizados.
En la Resolución Conjunta se establece que las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) deberán «constatar el debido ingreso de los aportes previsionales en las cuentas de capitalización individual de los afiliados declarados como empleados en relación de dependencia». «En caso de no registrarse movimientos de aportes en una cuenta, la AFJP deberá recabar información de su titular acerca de los movimientos de la falta de aportes. En el caso de que el afiliado manifieste por escrito continuar en relación de dependencia, deberá remitirse esa información a la Superintendencia de AFJP». Si bien no tendrán el poder de policía que siempre reclamaron para exigir el cumplimiento de los aportes, ahora las AFJP actuarán como una suerte de «inspectores» paralelos cercando aún más a las empresas con empleados no registrados. También habrá un cruce de datos con las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y la Superintendencia de ART porque el número de trabajadores declarados no coincide con el de las AFJP y las obras sociales.
De modo que, además de la fiscalización puerta a puerta, el gobierno plantea un verdadero cerco en cuanto al cruce de información de las declaraciones juradas de los empleadores. Lo cual complicará a los establecimientos que operen al margen de las disposiciones y normas laborales.
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