Lavagna quiere superpoderes para leyes laborales

El ministro de Economía presiona para que la nueva ley laboral, que derogará la vigente, cuestionada por los presuntos sobornos en el Senado, contenga «superpoderes» que permitan al Ejecutivo regularla por decreto, según evolucione el mercado laboral. Ahora urge ese trámite, que quieren tener listo para el sábado, cuando vuelva Néstor Kirchner de España, e ingresarlo en el Congreso para que se trate en las extraordinarias de febrero. No conforma esto ni a empresarios ni a gremialistas. A los primeros, porque, a pesar de la rebaja de aportes prevista en el borrador, les genera incertidumbre la inexistencia de un marco que les permita proyectar, a riesgo de que un decreto les aumente el costo laboral; a los otros, porque temen que el gobierno limite sus privilegios por decreto. Trascendió que el texto le concedería al sindicalista Hugo Moyano el principio de primacía al convenio más favorable para el trabajador. Además, se prevé -en empresas de hasta 80 empleados- la reducción de aportes patronales en 33% (50% si se incorporan beneficiarios del plan Jefes de Hogar) y la reducción del período de prueba a tres meses. Pero en última instancia, Lavagna reserva en su puño las condiciones de aplicación.

Roberto Lavagna quiere que el texto definitivo de la derogación y modificación de la reforma laboral contenga algunos «superpoderes» que le permitan al gobierno suspender beneficios laborales o modificar aportes laborales por decreto, según evolucione el mercado laboral. De hecho el borrador del proyecto que se discute entre el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales ya contiene una disposición de ese tipo en lo que hace a los aportes patronales que le permitirá al gobierno subirlos o bajarlos.

La rebaja de aportes que se fijó, ahora para empresas de hasta 80 empleados -un escalón por encima de lo que podría considerarse una pyme-podrá modificarse mediante una decisión por decreto. Pero los sindicalistas temen que esas facultades especiales se amplíen a cuestiones de fondo del derecho laboral como el período de prueba o los topes indemnizatorios. Para las empresas la situación no es mejor ya que se genera incertidumbre al no tener fijo un esquema laboral, sabiendo que el gobierno puede modificarlo por decreto.

Hace una semana, durante una reunión que mantuvo con legisladores peronistas, radicalesy de los bloques menores, Lavagna explicó a los presentes que hasta ese momento el gobierno no le había dado participación en la redacción del borrador del proyecto laboral. Ratificó el ministro su apoyo a que la iniciativa se tratara en extraordinarias pero aclaró: «No nos vamos a tirar a la pileta con una derogación lisa y llana. Mi idea es que hay que fijar un estándar de derechos laborales amplios pero que se permita moverlos de acuerdo a cómo va la situación del mercado laboral».

• Protección

Los diputados entendieron inmediatamente que Lavagna hablaba de la posibilidad para el gobierno de «suspender algún nivel de protección laboral si el mercado se complica», según relató a este diario uno de los presentes. Es decir, que un sector del gobierno pretendía enviar al Congreso una ley consagrando cierto nivel de protección laboral, montos indemnizatorios y plazos para el período de prueba, pero con la elasticidad suficiente para poder aplicarlos o no.

Desde el sindicalismo, aunque las negociaciones con el gobierno ayer avanzaron, prendieron una luz de alarma: «No quiero pensar que Lavagna quiere modificar leyes de fondo mediante decretos, como puede ser el período de prueba», dijo ayer Héctor Recalde.

Dentro de los acuerdos que siguió cerrando ayer Carlos Tomada se incluyó un pedido de Hugo Moyano para que en la negociación de los convenios nacionales o por actividad se dé prevalencia «al que sea más favorable al trabajador» en forma integral, principio que regía hasta antes de la sanción de la reforma laboral de Fernando de la Rúa y una de las modificaciones que el Congreso introdujo meses después a esa norma casi en secreto.

Así se estableció ayer en una nueva ronda de contactos entre el Ministerio de Trabajo y las tres centrales sindicales que continuará hasta el viernes ya que la idea oficial es tener la norma consensuada antes del sábado cuando Kirchner regrese de España.

• Aportes

Hay un principio del derecho del trabajo que establece que cuando existen dos normas la obligación del intérprete es aplicar la más favorable al trabajador. Este precepto fue eliminado en la reforma y en una modificación posterior se daba la posibilidad de que esto se derogara mediante un convenio colectivo de ámbito superior.

En relación con la rebaja de aportes patronales que se otorga a las pequeñas y medianas empresas, el borrador establece que serán de 33% para nuevos trabajadores y de 50% si son beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar. Pero a diferencia de lo planteado por los sindicalistas, ese beneficio se extiende además a pymes que tengan hasta 80 empleados en lugar de los 40 que marcaba el borrador original, aunque se mantiene la facultad del Ejecutivo de modificarlas. La nueva ley reduce, además, de un año a tres meses el período de prueba, con un preaviso de 15 días y sin derecho a indemnización dentro de ese período, no permite al empleador a renovarlo y lo obliga a registrarlo ante la autoridad de aplicación.