Lula pareció arrancar bien, pero ahora genera más dudas
Luiz Inácio Lula Da Silva cumplió su primer mes como presidente de la mayor economía sudamericana. El giro político del electorado brasileño a la izquierda alimentó temores en unos y esperanzas en otros, pero el paso de las semanas fue despejando las incertidumbres y permite ya hablar de un gobierno de tono moderado y de clara continuidad con los ocho años de la era política anterior, tanto que la prensa llama ya al nuevo mandatario «Lula Henrique Cardoso» y califica sus primeras medidas como «conservadoras». Pero los primeros pasos del gobierno del Partido de los Trabajadores permiten señalar, además de méritos iniciales, también algunas acechanzas. Sus primeras señales pasaron por el celo en combatir la inflación, por la voluntad de respetar a rajatabla los compromisos en materia de pagos de la deuda pública y por el empeño en construir una coalición parlamentaria moderada que le garantice gobernabilidad.
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Más allá de los riesgos, esa movida dio cuenta de la prioridad que muestran las nuevas autoridades al combate a la inflación, que ofrece una leve pero persistente tendencia alcista de la mano de la devaluación del real atribuida a la inminencia de una guerra en el Golfo Pérsico.
«La táctica elegida para llevar adelante la reforma previsional, que es prioritaria, es la principal incógnita. Ha sido valiente de parte de Lula hacerla una pieza central de su estrategia, porque es un hecho muy polémico y difícil de hacer aprobar. Pero esa opción por la búsqueda de consensos, la tendencia a plantear el tema como completamente abierto permite que se filtren fuertes presiones. Varios partidos ya han anticipado su apoyo al plan, pero habrá que estar atento a que los detalles que se introduzcan no terminen diluyendo su alcance», explicó Pinto.
• Racionalidad
La reforma de las jubilaciones es esencial si el nuevo gobierno quiere mantenerse en la senda de la racionalidad administrativa. El gasto en jubilaciones, pensiones y asistencia social devora ya 42% del presupuesto federal y está plagado de regímenes especiales -como el de los empleados públicos, el de los jueces y el de los militares-que garantizan a los jubilados el pago de 100% del último salario percibido en actividad, el acceso a ajustes cada vez que hay una suba de sueldos, una total carencia de topes a las remuneraciones más elevadas y la ausencia de una edad mínima para el retiro. El total de jubilaciones pagadas en el sector público se eleva a casi 10.000 millones de dólares por año.
Según el economista Dany Rappaport, de Tática Asset Management, «con las reformas tributaria y previsional se verá el verdadero rostro del gobierno».
Por otra parte, no puede observarse sino como una desprolijidad la filtración a la prensa de un proyecto para el blanqueo de capitales provenientes del exterior, mecanismo con el que se espera repatriar unos 6.000 millones de dólares. El plan no sólo irrita a los sectores radicales del PT, sino que su filtración supone el peligro de que la recaudación tributaria sufra un deterioro.
Pero si de desprolijidades se trata, no se puede obviar lo ocurrido con el plan Hambre Cero, la propuesta insignia de la campaña petista. En medio de extensas y públicas disputas acerca de si es conveniente entregar a los beneficiarios dinero en efectivo o cupones intercambiables por alimentos, el programa sólo fue puesto en práctica en un par de municipios y con ambas modalidades, a la espera de que esas «experiencias piloto» indiquen cuál es el mejor método.




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