No se cree en 18 meses para negociar tarifas y contratos

El anunciado plazo de 18 meses para renegociar los contratos de los servicios públicos con el problema de las tarifas es demasiado extenso como para ser considerado realista. Es imposible que sea aceptado por las privatizadas y crea un indudable malestar en el FMI, que teme que en semejante plazo -y a falta de soluciones de fondo- algunas empresas terminen siendo nacionalizadas. Hay que recordar que pesó mucho el año pasado la opinión del gobierno de España, muy preocupado por el tema. Por eso, el ministro Julio De Vido dijo que esos 18 meses mencionados marcan sólo una fecha tope. De hecho, el decreto que crea la nueva unidad renegociadora no fija plazos y menciona incluso la posibilidad de imponer subas tarifarias parciales y transitorias, por caso, para algunos usuarios -industria y grandes comercios- y no para el resto. Así, para poder cerrar un acuerdo con el FMI, se espera que las primeras subas se produzcan hacia fines de setiembre. De cualquier forma, esos acuerdos tendrían que cumplir los mismos requisitos que los contratos definitivos: deberán pasar por audiencias públicas y por la aprobación del Congreso.

El gobierno prevé «adecuaciones parciales» de los contratos de las privatizadas, con lo cual se deja abierta la posibilidad de que haya aumentos de tarifas en algunos servicios públicos, antes de que termine la renegociación de las concesiones anunciada para diciembre de 2004. De todos modos, no será en el corto plazo, de acuerdo con la decisión política ya manifestada por el gobierno.

El Decreto 311 conocido el viernes contempla «posibles adecuaciones transitorias de precios, tarifas y/o segmentación de las mismas», con lo cual también pueden esperarse ajustes tarifarios sólo para determinados segmentos de consumidores, como, por ejemplo, la industria y los grandes comercios.

Además, la norma indica que los acuerdos a alcanzar con las empresas «podrán contemplar aspectos parciales, fórmulas de adecuación contractual o enmiendas de carácter transitorio, incluir revisiones periódicas pautadas y establecer la adecuación de los parámetros de calidad de los servicios».

Incluye a la terminal de ómnibus de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires entre los 61 contratos a revisar por la ahora denominada «unidad de renegociación» que depende en forma conjunta de los Ministerios de Planificación y Economía.

•Resolución

El decreto no fija plazo para la renegociación de los contratos, pero la intención anunciada por el gobierno es extenderla hasta diciembre de 2004. Esto, junto con el nombre del secretario ejecutivo que se hará cargo de la unidad, se conocerá en una resolución de los dos ministerios en los próximos días.

En principio, además, para extender la renegociación hasta diciembre de 2004, el gobierno debería solicitar la prórroga de la ley de emergencia que vence el 10 de diciembre de 2003. Porque si la ley no se prorrogara, a su vencimiento, volverían a regir los contratos originales de las privatizadas, en caso de no estar renegociados.

Como ya estaba anunciado, la unidad de renegociación tendrá bajo su órbita a los contratos del Correo Argentino y de Aeropuertos Argentina 2000, los que durante al administración de Eduardo Duhalde habían merecido la conformación de comisiones especiales de renegociación. La inclusión de AA 2000 confirma, además, que el gobierno desconoce la renegociación hecha por el anterior gobierno.

El Decreto 311 también establece que la unidad renegociadora deberá elaborar un proyecto de marco regulatorio general para los servicios públicos. En este sentido, volvería a analizarse un proyecto de ley elaborado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que dispone los nombramientos por concurso de los directores de todos los entes y limita severamente los recursos de las empresas contra las resoluciones de esos organismos.

Este último aspecto apunta a evitar que, a través de recursos administrativos en instancia superior a los entes de control, las concesionarias eludan por largo tiempo, y a veces indefinidamente, las intimaciones de los organismos. En el nuevo marco regulatorio, se establecería que las empresas deben cumplir las resoluciones de los entes aun cuando apelen la medida en sede administrativa o judicial.

•Preponderancia

El decreto otorga, además, un rol más preponderante que hasta ahora a los entes reguladores. Establece que esos organismos «realizarán los trabajos técnicos necesarios a partir de las instrucciones precisas que le imparta la unidad».

Los acuerdos con las privatizadas estarán precedidos por consultas públicas y deberán contar con el dictamen del procurador del Tesoro, antes de ser firmados por los ministros de Planificación y Economía. Luego quedarán ad referéndum del Poder Ejecutivo. El decreto no establece la participación del Congreso, aunque, según el anuncio del ministro Julio De Vido, los acuerdos deberán ser aprobados o rechazados por el plenario del Parlamento, a libro cerrado, esto es, sin introducir modificaciones.

Por el momento, las privatizadas recibieron con cautela el decreto. Voceros de empresas indicaron que los asesores legales lo están analizando para luego opinar, aunque, en principio, la mayoría consideró que «se trata de otra postergación» a los pedidos de aumento de tarifas.

Por su parte, el presidente del holding Enersis, controlado por la española Endesa, Pablo Irarrázaval, advirtió que, si no suben las tarifas en la Argentina, «el servicio se irá deteriorando», en relación con la generación, transporte y distribución de electricidad.

«Es necesario volver a una situación normal en la cual las tarifas tienen que subir», afirmó. También consideró que «no pueden exigirnos que en este escenario demos un servicio de la misma calidad que el que ofrecíamos con las tarifas anteriores a la devaluación.»