OCDE: Chile tiene el crecimiento más alto de la región
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También se ha convertido en una referencia regional para las reformas estructurales, pues fue uno de los primeros países en implementar una liberalización de largo alcance de su comercio internacional y sus mercados.
Chile también fue precursor en la privatización de los sistemas de pensiones, salud y educación, medidas que posteriormente ha adoptado la mayoría de los países de la región, destaca el texto.
Sin embargo, los participantes en el seminario advirtieron que Chile todavía enfrenta el desafío de encontrar un camino de desarrollo sostenido y equitativo.
Los expertos coincidieron en que pese que tiene una de las economías más fuertes de la región, Chile también tiene una de las distribuciones del ingreso más desiguales entre los países emergentes.
"Esta desigualdad ha contribuido a la persistente segmentación social, al lento crecimiento de la clase media y a la lenta creación de la industria", señaló Joaquim Oliveira Martins, analista de la OCDE.
En opinión de los expertos, la actividad económica chilena está muy concentrada geográficamente y Santiago, la capital, representa más del 50 por ciento del PIB.
"El resultado es una economía dual, con una capital moderna y dinámica, mientras las regiones son pobres y relativamente subdesarrolladas", precisó Martins.
Para el economista, el mercado laboral en Chile está altamente segmentado, con una alta proporción de trabajos inseguros e informales, debido principalmente a las rigideces existentes en la legislación actual.
Otra área de preocupación en Chile es el bajo grado de diversificación de la economía, que continúa dependiendo mucho de los recursos naturales.
Pese a estos problemas, para Val Koromzay Chile continúa destacando entre los países de la región por su "disciplina fiscal admirable", aunque advirtió que las autoridades deben permanecer siempre muy atentos a los cambios externos.
El 2000 el Gobierno de Chile introdujo la llamada regla de superávit estructural para el gobierno central, que tiene como objetivo mantener un superávit estructural del gobierno central equivalente al 1 por ciento del PIB, en tanto que permite fluctuaciones cíclicas del balance fiscal.



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