La oposición en el Congreso no podía perderse la oportunidad de intentar cercar una vez más a Felisa Miceli, ahora por la investigación acerca del sobre con $ 100.000 y u$s 40.000 que apareció durante una revisión de seguridad a su despacho en el ministerio. Los primeros en reaccionar fueron los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, los dos denunciantes que alimentaron desde el inicio la investigación por el escándalo por el pago frustrado, por ellos mismos, al grupo Greco.
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Morales ayer presentó un pedido de informes, pero no en el Senado, sino en uso del decreto que firmó Néstor Kirchner sobre Acceso a la Información.
Por esa misma vía ya consiguieron que la Justicia obligara a Miceli a dar explicaciones sobre la responsabilidad de los funcionarios de Economía ultien el envío del proyecto de ampliación de bonos al Congreso que tenía incorporadas las seis órdenes de pago a favor de los Greco-Bassil por $ 587 millones.
En Diputados, Esteban Bullrich, de Recrear, también atacó: «Varios aspectos relacionados con el hecho resultan llamativos, como ser, la drástica diferencia entre los iniciales 240.000 dólares de la investigación periodística y los 60.000 dólares reconocidos oficialmente. El acta labrada por la Policía precisaba este dato, pero misteriosamente desapareció. ¿Cómo puede ser que un simple dinero destinado a una compra personal de la ministra despierte tanto temor y nerviosismo en los testigos?», se preguntó Bullrich, que presentó inmediatamente un pedido de informes en la Cámara.
«¿Se puede ser tan ingenuo como para olvidar la suma equivalente a una propiedad en un baño? Economía dio por terminado el asunto, pero nosotros vamos a insistir hasta lograr las explicaciones del caso», amenazó Bullrich.
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