El conflicto entre el gobierno y el campo le abrió al Ejecutivo desde hace tiempo un frente de conflicto con las provincias que, hasta ahora, avanzaba en silencio. La consecuencia directa de la protesta de los productores por la suba y la movilidad en las retenciones sobre las exportaciones de soja fue la queja de los gobernadores por no recibir un solo peso de ese impuesto al agro ya que desde el inicio no es coparticipable. A ese enojo se sumó que la Nación redujo el envío de fondos a las provincias en los últimos meses. El gobierno se defendió siempre alegando que parte de los mismos vuelven al campo en forma de obras en el interior, pero la explicación no conformó.
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Hoy la oposición dará otro paso en esa pelea que mantiene con la Casa Rosada en paralelo a la protesta del campo: el bloque de senadores del radicalismo demandará al gobierno ante la Justicia para que la «Nación cumpla la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y cese los mecanismos discrecionales con los que mantiene de rehenes a los gobernadores». A esa presentación, que llevarán hasta la Corte Suprema, se sumarán también la Coalición Cívica, el socialismo y el PRO en una suerte de «class action» -aunque en el país no exista ese tipo de procedimiento- contra Cristina de Kirchner.
Pero la demanda penal no incluye sólo ingredientes políticos, sino que acusarán al gobierno de incumplir la ley en el manejo de fondos públicos con responsabilidades de: dolosas. Así lo acusarán
Incumplimiento del piso mínimo previsto por la ley -que indica que 34% de los recursos que recibe el Estado nacional deben coparticiparse entre las provincias-.
No distribución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que el gobierno usa para fondear al Banco Nación, dicen.
Utilización de una contabilidad engañosa de la AFIP en la transferencia del Impuesto a las Ganancias (alegan que por un mecanismo especial la Nación se queda con $ 1.527 millones que no le corresponden).
Coparticipación parcial del Impuesto al Cheque: «Ahora es permanente y debiera coparticiparse totalmente», dicen.
«El objetivo de la demanda al Estado nacional implica corregir los abusos del gobierno que se apropia de los recursos de las provincias por $ 24.000 millones», dijo ayer el radical Gerardo Morales.
La oposición apunta a que la demanda que presentarán hoy termine en la Corte Suprema que ya le trajo dolores de cabeza al gobierno con sus sentencias obligando a establecer la movilidad de la jubilaciones, o proceder a que cese el daño ambiental en el Riachuelo.
Por eso es que no sólo demandan para que se comiencen a distribuir los fondos de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal: «Es necesario recurrir a la Justicia para que la Nación devuelva a las provincias la plata que les apropia, más las costas e intereses. Estamos en presencia del gobierno nacional más centralista y unitario de todos los tiempos», dijo anoche Morales.
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