La Justicia ordenó a las empresas concesionarias de las terminales portuarias de Buenos Aires que facturen al cambio «un peso igual a un dólar» las tasas que cobran por el transporte de mercaderías.
La medida fue dictada por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland, quien hizo lugar a un recurso de amparo que había presentado la petroquímica Petroken Ensenada SA contra el Poder Ejecutivo.
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La magistrada entendió en su fallo que «las tarifas a facturar al usuario por los servicios que reciben de las empresas concesionarias (terminales portuarias) deben mantenerse en pesos, a la relación de cambio un peso = un dólar».
Agregó que esto debe cumplimentarse «hasta que culminen, con cada concesionario, los procedimientos de renegociación a realizar, con arreglo de las autolimitaciones que el propio Estado fijó, en especial en lo concerniente a la competencia y al procedimiento».
La empresa que inició la demanda había pedido la anulación de una resolución firmada el año pasado por la Administración General de Puertos y los concesionarios, que habilitó el cobro de tarifas a la cotización del dólar libre.
La jueza entendió que el acuerdo fue «ilegítimo» y aludió a la ley de Emergencia Económica (25.661), que ordenó «abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos». La misma norma dispuso «interrumpir los procesos de revisión tarifaria o cualquier otro mecanismo de fijación de precios y tarifas que estuviera en curso».
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