Las maniobras del monopolio «Clarín» para garantizarse impunidad y el logro de su objetivo inmediato, la creación de un monopolio en el negocio de la TV paga a través de la fusión CableVisión/ Multicanal, no parecen tener límites: ahora sus abogados -que no serían ajenos a ciertos resortes de la Justicia local- lograron que el Superior Tribunal de San Luis utilice el cuestionado mecanismo del «per saltum» para tomar a su cargo una denuncia contra el grupo de los Noble/ Magnetto.
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Según pudo averiguar este diario, el mencionado tribunal le ordenó al juzgado del departamento de Corcarán que le remita la causa «Grupo Radio Noticias SRL contra CableVisión y otros (léase Multicanal, Clarín, Prima, Teledigital, etc.) en la que se denunciaba por prácticas monopólicas a ese grupo de empresas controladas por «Clarín». El juez local había hecho lugar a la medida cautelar interpuesta por el demandante, un pequeño grupo de medios locales.
El oficio del Superior Tribunal -sobre el cual pesan numerosos cuestionamientos ya publicados por este diarioordenó por Oficio N° 102- G del 2 de marzo la remisión del expediente citado «para abocarse a la decisión del caso mediante un acto procesal». El «per saltum» aplicado significa ni más ni menos que el tribunal de alzada toma a su cargo la tarea de fallar en la cuestión de fondo sin esperar la decisión del juez inferior, lo que por lo general representa una violación a lo que determina la Constitución respecto del derecho de ser juzgado por los jueces naturales.
Cabe recordar que el último caso en que estuvo en juego el «per saltum» (y fue a pedido de la parte querellante) fue el caso Cromañón. Allí los familiares de las víctimas habían pedido la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia, enfadados por un fallo de primera instancia que disponía la libertad del acusado Omar Chabán. Sin embargo, la Corte se expidió en contra del pedido con argumentos sólidos, como el expuesto por el ministro Eugenio Zaffaroni que dijo que «el 'per saltum' no existe en la Constitución Argentina», o por su par Carlos Fayt, quien lo comparó con un vulgar «puenteo».
Esta jurisprudencia no parece haber llegado a San Luis, dado que el Superior Tribunal de esa provincia no tuvo reparos en tomar en sus manos una causa cuyo único « afectado» es el monopolio «Clarín». Tampoco parece haber un conflicto de intereses en el hecho de que el abogado elegido para representar a este grupo es Pablo Andrés Uría, que resulta ser el hijo de quien preside dicho tribunal, Omar Uría.
El juez de primera instancia había dispuesto una medida cautelar para que se impida la fusión entre las dos principales empresas de TV por cable del país, que unidas tienen más de 80% de ese mercado. Lo curioso es que hasta la fecha el gobierno, a través de la Comisión de Defensa de la Competencia que digita el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no ha considerado necesario expedirse sobre esta unión.
Tampoco le parece pertinenteordenar desinversiones (como sí hizo en otras operaciones de compra, venta y fusiones que involucran posiciones dominantes, como claramente es el caso en esta instancia) para permitir esta monopolización del cable y posiblemente en el futuro también de la telefonía y el servicio de Internet por banda ancha.
Seguramente por eso es que CableVisión y Multicanal ya funcionan como una sola empresa, a pesar de no estar formalmente autorizadas para hacerlo: unificaron sus grillas de programación, impusieron a los abonados de CableVisión una absurda revista paga que ya les vendían a los clientes de Multicanal, negocian en conjunto con los proveedores de señales y contenidos, y «Clarín» se desprendió de todos los directores y gerentes que respondían a los ex dueños de CableVisión.
Todo esto no parece preocupar al gobierno; mucho menos a los jueces puntanos, que en pocos días tendrán en sus manos (aunque suene inverosímil) el destino de esta unión putativa.
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