Pacto fiscal: PJ firmaría hoy si le ceden más dinero social

Hacía tiempo que la política no se expresaba tan crudamente en términos de dinero. Pero anoche los intereses electorales del gobierno de Fernando de la Rúa chocaron con fuerza contra los del colegio de gobernadores peronistas. Por eso se volvió a trabar la negociación del acuerdo fiscal federal que exige el Fondo Monetario antes de anunciar oficialmente el salvataje financiero para el país. Aunque anoche se aseguraba la firma de los jefes provinciales de la Alianza y se prometía, para la tarde, la de los del PJ.
El diferendo se desgrana en varios entredichos. Chrystian Colombo había conseguido que le admitan su esquema de transferencia de recursos coparticipables: una suma fija de $ 1.363 millones los próximos dos años y, durante 2003, 2004 y 2005, el promedio de lo recaudado en los tres años anteriores, con pisos de 1.400, 1.440 y 1.480 millones de pesos, respectivamente.

Los mandatarios de la oposición exhiben a veces un optimismo que, si contagiara a De la Rúa, el país sería una bala. Claro, ese optimismo es más una prevención que un deseo: gravamen. Por eso ayer, durante una reunión con Colombo (auxiliado en la ocasión por José Luis Machinea), los mandatarios propusieron que para el caso de que la economía crezca por encima de 3,5%, el excedente de recaudación se coparticipe normalmente. En otras palabras: que ese suplemento que se le cede a la Nación sea acotado, suficiente para salir de la asfixia fiscal pero no para solventar operaciones políticamente atractivas como una rebaja de impuestos o una expansión del gasto para fines proselitistas. Los economistas provinciales calcularon que un crecimiento de 3% promedio en el próximo bienio significaría un excedente de recaudación para la Nación de $ 7.000 millones.

Los gobernadores ya están algo aburridos de pasar sus días porteños en lo de Colombo. Por eso ayer le comieron al jefe de Gabinete los sándwiches de lomito que repartió al mediodía (el «Vikingo» padece de arrebatos de ansiedad a partir de la tercera hora de pulseada) y se marcharon del edificio de la ex SOMISA a la propia sede, el Consejo Federal de Inversiones. Desde allí enviaron a un viejo lobo de las cuentas públicas, Saúl Bouer (ahora al servicio de Carlos Manfredotti, de Tierra del Fuego), a husmear una respuesta: « No, imposible, el Fondo no admite lo que ustedes piden. Ya me lo dijeron desde los Estados Unidos», contestó el jefe de Gabinete. Bouer volvió con el recado e irritó al bonaerense Jorge «Oveja» Sarghini: «El 'Vikingo' nos miente, vayamos al Fondo nosotros», se enardeció. Hasta anoche no habían sacado los pasajes, lo que hace presumir que fue sólo un exabrupto y que hoy volverán a discutir el problema en la Jefatura de Gabinete.

El otro capítulo que endure-ció el conflicto ayer también tiene que ver con lo electoral: en cuánto se aumentarán los recursos sociales que la Nación derivará a las provincias. El gobierno central prometió un incremento de $ 250 millones para el presupuesto del año próximo. Nada de unidades ejecutoras ni otros artefactos como los que el martes por la noche inventaron para darse codazos sobre el dinero electoral del año próximo (los punteros ya hacen cola, de sólo enterarse de la discusión). Ayer por la mañana, sea por el sol o por estar más frescos, todos coincidieron en que sería mejor entregar a las provincias una suma fija de $ 225 millones. Los gobernadores aceptaron el criterio de Colombo pero los diputados de la Comisión de Presupuesto, expertos en trampas para esconder plata en la contabilidad, dijeron detectar una cantidad importante de partidas (publicidad, consultorías, etc.) que disimularían los fondos que la Alianza pretende preservarse para ganar votos. « Queremos $ 400 millones», le dijeron a Colombo, quien se plantó en los $ 255 con un tibio «$ 250 a conversar».

Así estaban las posiciones anoche, entre gobernadores y funcionarios nacionales que juraban estar dispuestos a firmar mañana pasado el mediodía y que, a la vez, seguían poniendo la pierna sobre las «cajas» para ganar un recurso más en un año políticamente decisivo.

Por debajo de esas turbulencias transcurrieron ayer acuerdos menos pintorescos pero interesantes desde el punto de vista fiscal. Por ejemplo, la posibilidad de que se suspendan en el sector público nacional y provincial los aumentos de sueldos por antigüedad. O la exigencia de que todo movimiento de fondos, contrataciones o licitaciones se publiquen en Inter-net.

Las demoras que se verificaban ayer en la ceremonia final, en la que De la Rúa y los gobernadores compondrían una foto de familia, estaban determinadas también por las «paritarias» individuales en las que se envolvió cada gobernador. Así, José Manuel de la Sota consiguió que le consideraran el compromiso incumplido del año pasado por el cual la Nación absorbería parte de su déficit previsional. Tras este objetivo el cordobés estuvo asociado a Carlos Reutemann. Carlos Ruckauf, por su lado, suavizó las tensas relaciones que mantuvo en lo que va de su gestión con el Banco Central por las exigencias sobre el Banco Provincia (donde peor se siente la pesadísima herencia de Eduardo Duhalde) y también avales del Estado nacional para encarar negociaciones con el Banco Mundial para encarar reformas en el distrito.