Pagan $ 1.635 millones menos en intereses

Las provincias ahorrarán u$s 1.635 millones en concepto de pago de intereses de la deuda hasta fines del año que viene, según la refinanciación propuesta por los bancos. La cifra consta en un documento elaborado por las instituciones, en el que se detallan los efectos financieros del acuerdo que está para la firma.

Si bien cada provincia deberá refrendar con las entidades los términos acordados para la nueva deuda, ya se fijaron las condiciones generales.

Las provincias pagarán -de acuerdo con la propuesta bancaria- una tasa de interés de 7% anual hasta fin de año, que subirá hasta 10% anual en 2002. La diferencia entre esta tasa y la que efectivamente se cobre en el crédito será capitalizada, con lo cual comenzará a ser pagada a partir de 2003. La tasa variable promedio de los préstamos bancarios a las provincias asciende a tasa Encuesta (plazo fijo de 30 a 59 días) más 450 puntos, es decir, cerca de 17% anual a niveles actuales.

Quedó sin efecto la aplicación del «multiplicador», un factor de ajuste que aumentaba entre 60% y 80% el costo del crédito ante determinados eventos, por ejemplo la disparada del riesgopaís. Por culpa de esta cláusula, algunas provincias llegaron a pagar hasta 37% anual por sus créditos, aunque en promedio la tasa se ubicó en los últimos meses a 26%.

El total de la deuda provincial con los bancos asciende a u$s 10.000 millones, considerando tanto los créditos directos como los otorgados a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

El ahorro de intereses con las nuevas condiciones se divide de la siguiente manera:

• Cuarto trimestre de 2001: en concepto de intereses se dejan de pagar u$s 340 millones por los préstamos directos más u$s 45 millones del fondo fiduciario. En total, un ahorro de u$s 395 millones hasta fin de año.

• En todo 2002: el ahorro por la baja de tasas en los créditos bancarios asciende a u$s 1.100 millones. A esto deben sumarse otros u$s 140 millones del Fondo Fiduciario. Total: u$s 1.240 millones.

Como el capital de esta deuda tampoco se pagará en el período, las provincias tampoco deberán sentarse a negociar la renovación de capital por una total de u$s 3.000 millones.

Claro que el ahorro de intereses, al ser capitalizado, deberá comenzar a pagarse a partir de 2003. Según los cálculos de las instituciones, sólo las dos terceras partes de ese ahorro tendrán que ser finalmente cumplidas. El otro tercio corresponde a la eliminación del «multiplicador», lo que implica un ahorro directo para las provincias.

Aunque a primera vista el acuerdo parece atractivo, los gobernadores se ocuparon en las últimas horas de plantear sus objeciones. El principal es que las condiciones específicas de la refinanciación no aparecen en el texto preliminar elaborado por Economía. Por lo tanto, aseguran, los bancos podrían incumplirlo sin dar mayores explicaciones.

Por otra parte, los distritos exigen una solución «integral» al problema de la deuda, pero la propuesta de los bancos -que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Economía- sólo propone «patear la pelota» para adelante. «En 2003, justo en época preelectoral, estaremos otra vez con el agua al cuello», se quejó un gobernador peronista durante el encuentro de ayer en el Consejo Federal de Inversiones.

El texto incluye también una auditoría del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo a aquellas provincias que acuerden la refinanciación de pasivos.

En cuanto al canje de deuda con las AFJP, la otra pata de las refinanciaciones que se están negociando, ayer continuaron las reuniones para darle un cierre a la operación.

Quedó descartada definitivamente la posibilidad de cambiar los bonos Pagaré (que rinden cerca de 23% anual) por un nuevo título con rendimiento no superior a 8% anual. El motivo es que las calificadoras de riesgo amenazaron con declarar el «default selectivo» sobre la deuda argentina si se avanzaba con la operación.

En cambio, quedó definido que se capitalizará la totalidad de los intereses de la deuda, por lo menos durante un plazo de tres años. Así se conseguiría un desahogo para las cuentas del Estado. El nuevo título a colocar tendrá un plazo de diez años.