Pago del incremento divide más a entidades empresarias

El anunciado aumento de $ 130 para todos los empleados del sector privado agudizó aún más el disenso que campea entre los diversos grupos empresarios del país, y las entidades que los representan. Asimismo, se sabe que se repetirá el fenómeno que se produjo en julio pasado, cuando gobierno y algunas instituciones empresariales convinieron el pago de $ 100 para el mismo sector: muchas empresas chicas y medianas, y al menos 50% del comercio de todo el país se negaron a (o no pudieron) efectivizar el pago de ese monto no remunerativo.

Según pudo averiguar este diario, dentro de la propia Unión Industrial Argentina (UIA), que acordó con el gobierno la suba de $ 130 a partir de enero (lo que implica mantener los anteriores $ 100 que tenían vigencia por seis meses, agregándole otros $ 30) habría fuerte oposición a esa medida.

•Ilógico

Por otra parte, y desde lo que se considera «la vereda de enfrente» de la UIA, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), se dejó trascender una posición similar a la expresada hace un semestre: «Es ilógico otorgar una suma fija y uniforme a todos y cada uno de los trabajadores privados en relación de dependencia, porque hay algunos sectores en condiciones de pagarla, otros que podrían otorgar aún más y otras que lamentablemente no podrán hacerlo aunque quisieran».

En el grupo de los que podrán pagar se contarían -según la fuente de la entidad que preside Luis Pagani-«todos los que están substituyendo importaciones o tienen la posibilidad de exportar»; en cambio, vastos sectores industriales y del comercio «no podrán». Pero -agrega el empresario-«filosóficamente nos oponemos a los incrementos uniformes, porque cada empresario sabe hasta dónde puede aumentar, y no debe hacerlo por decreto».

¿Qué sucederá con quienes no paguen lo acordado? Básicamente lo que pasó con quienes no lo hicieron durante el semestre pasado: nada. El gobierno hará «la vista gorda» -salvo en los casos más escandalosos, léase grandes conglomerados industriales o comerciales-ante el incumplimiento del decreto que sancionará la obligatoriedad de pagar los $ 130 hasta abril y los $ 150 desde esa fecha hasta julio.

La medida, cabe recordarlo, alcanzaría a una cantidad de personas difícil de determinar, pero que rondaría los 3,5 millones de trabajadores en relación de dependencia (no alcanza a contratados, autónomos o temporarios).

Uno de los sectores que más gente emplea, el comercio, también rechaza el incremento. Así, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) emitió ayer un documento reiterando un conocido argumento: sólo accederán a pagar el incremento si el mismo puede ser imputado como adelanto de impuestos. O sea, que el Estado se haga cargo del mismo. Como alternativa plantean «la eximición del IVA a elementos de primera necesidad, como alimentos y bebidas, que tienen una ponderación de 32% en el Indice de Precios al Consumidor». Explican que esa medida favorecería no sólo a los asalariados sino al conjunto de la población, a la vez que pide una reducción de $ 50 sobre la asignación no remunerativa que se paga hasta ahora, o sea que en lugar de llevarla a $ 130/150 la recortaría a $ 50.

Desde la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME), también ven como poco factible que los comerciantes estén en condiciones de cumplir con lo que mande el decreto que se sancionaría el miércoles próximo. «Es que el salario promedio del sector ronda los $ 500, pero hay gente que trabaja en los barrios o en algunos locales de shopping centers que están cobrando $ 300: para ellos los $ 130 representarían entre 26% y 44% de aumento. ¿Qué comerciante puede hacer frente a semejantes niveles de incrementos?», dice una fuente de la entidad que preside Osvaldo Cornide. El informante agrega que, según las estadísticas que manejan en la CAME, «al menos 50% de los comercios no pagó los $ 100 durante el período julio/diciembre, y no vemos por qué esta situación debería modificarse: el veranito llegó a pocos locales».

Y si bien es cierto que muchas empresas, PyMEs y comerciantes podrían o no pagar la asignación, la discusión es más de fondo y casi filosófica: es que algunos sectores piensan que debe hacerse algo -lo que sea a costo de cualquier sacrificio-para mejorar la situación de los trabajadores, mientras otros sostienen que primero debe recomponerse la situación de las empresas para recién después pensar en dar aumentos.

Quienes apoyan esta posición la fundamentan en el hecho de que las empresas -cualquiera sea su envergadura-deben utilizar cualquier incremento en su liquidez para recomponer su capital operativo ante la total ausencia de financiación. Una vez recompuesta la situación general, será posible pensar en mejorar la crítica situación del sector asalariado. En la vereda de enfrente hay empresarios como Juan Manuel Forn -CEO de Molinos-quien hace algunas semanas en un almuerzo organizado por la ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas) hizo un llamado a sus colegas a repensar el rol de la mano de obra en el país, tradicionalmente considerada por los hombres de negocios como cara y escasa. Hoy, dijo, «es exactamente al revés y debemos plantearnos la posibilidad de encarar proyectos de mano de obra intensiva».

Está claro, entonces, que -como en muchos otros temasel incremento dispuesto por el gobierno divide las aguas en el empresariado argentino.