Peajes: cuestionan la renegociación

La misión del Banco Mundial que junto con funcionarios del Fondo Monetario estuvo en Buenos Aires hace dos semanas le habría recomendado al gobierno argentino no renegociar las concesiones de las rutas nacionales por peaje, según trascendió en medios oficiales.

«Ya desde el año pasado, el Banco Mundial hizo saber al gobierno argentino que considera inconveniente que se renegocien esos contratos que vencen a partir de setiembre próximo», habría dicho uno de los miembros de la delegación ante la comisión renegociadora de los contratos.

La recomendación del organismo internacional se conoció quince días después de que esa comisión, presidida por Gustavo Simeonoff, abriera un documento de consulta por Internet para extender las actuales concesiones de las rutas nacionales por períodos que van de 42 a 96 meses.

En medios políticos, la decisión oficial se atribuye, más que a la comisión renegociadora, a Hugo Toledo, a cargo de manera no oficial de la Secretaría de Obras Públicas. La no renovación de estos contratos era decisión tomada ya durante el gobierno de Fernando de la Rúa, debido a las sucesivas renegociaciones que tuvieron, y a las compensaciones que quedaron a cargo del Estado, para atenuar un precio original exageradamente alto del peaje, en comparación con los estándares internacionales.

Ahora, la extensión de los contratos se plantea nuevamente como una compensación, en este caso por el congelamiento de los peajes, que entraron dentro de los límites impuestos por la Ley de Emergencia para las tarifas de los servicios públicos, y a deuda acumulada por el Estado por subsidios (compensaciones) impagos de ejercicios anteriores.

Los concesionarios no piden aumento de tarifas, salvo en un caso, cuyo expediente corre por un camino paralelo y también tiene abierta una consulta pública vía Internet. Los que piden extensión del contrato son Semacar, Nuevas Rutas, Covicentro, Covinor, Covisur, Concanor, Caminos del Río Uruguay y Caminos del Valle.

En todos los casos, se hace un replanteo de las obras comprometidas y no realizadas, lo que se atribuye al incumplimiento del Estado en el pago de los subsidios y a la modificación de la ecuación económica de los contratos por la devaluación y la inflación. Se ofrece, además, la realización de obras nuevas.

No obstante, después de sucesivas renegociaciones y conflictos con el Estado, se cree que las concesiones deberían licitarse nuevamente a medida que van venciendo, evitando que el Estado deba subsidiar la operación.