Pelea en el Senado por los nuevos auditores

El Senado terminará de ratificar mañana la conducción del Banco Central y habilitará la designación de 3 nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación. El bloque PJ analizará por la mañana si permite la continuidad laboral en el Estado para dos auditores que pertenecen al peronismo que caducan mandato el 10 de diciembre y reemplazarían a otros tantos auditores de la misma identidad partidaria (la otra vacante para cubrir corresponde a la UCR, que renovaría a Andrés Fólica). Según la Constitución, la Auditoría es un órgano de control del gasto del gobierno cuya conducción debe ejercer el partido de oposición. Si de nominaciones se trata, es muy probable que den el okey al ascenso al camarista del juez federal Gabriel Cavallo, quien subrogó al renunciante Carlos Liporaci en la causa por presuntas coimas.

El pliego de Ricardo Branda (PJ-Formosa) como director del BCRA formará parte de un combo que incluirá a los demás animadores de la cúpula bancaria, demorados desde hace meses. La designación de Branda, otro senador que ya tiene quehaceres asignados para cuando concluya su actividad senatorial, destrabó la confirmación de Mario Blejer (vicepresidente), Hugo Bruzzone, Amalia Martínez Christiansen y Felipe Murolo, cuyos nombramientos ya tienen dictamen de comisión. El formoseño y Carlos Reyna -el director restantedeberían esperar 7 días más para cumplir los plazos reglamentarios y recibir la previsible bendición en el recinto. Pero es probable que se los apruebe sobre tablas.

Branda, de aceitados lazos con el mundo financiero, era número puesto cada vez que se escuchaban rumores sobre la posibilidad de ceder una butaca en el directorio al peronismo. No es el primer senador que concluye mandato y recibe un nuevo cargo a instancias del Ejecutivo.

El santiagueño Omar Vaquir ya se desempeña como embajador en Kuwait. Acompañó su regreso a la carrera diplomática con el voto favorable por la Ley de Déficit Cero --incluida la rebaja salarial y de jubilaciones-, cuando ya estaba firmada su designación, aunque no se había publicado en el Boletín Oficial. Para colmo de males, el ex delegado de Santiago del Estero prometió renunciar a cualquier puesto en caso de que no hubiera una ley correctiva que dejara sin efecto la poda a la clase pasiva y empleados estatales. Hasta ahora, no hubo señales de que se fuera a reemplazar ese tijeretazo por otro recorte presupuestario. Y nadie dimitió a honor alguno.

Postulantes

Los candidatos a la AGN son el fueguino Gerardo Palacios, el santiagueño Jorge Mikkelsen-Löth y el abogado Javier Fernández, ex secretario de Rodolfo Barra en el Ministerio de Justicia, aunque una de las butacas podría entregarse a «un técnico» aún no definido. Es decir, que el otro puesto podría sortearse entre Palacios y Mikkelsen, o bien someterse a una votación doméstica. Ambos cuentan con avales dentro del Frente Federal de 11 gobernadores del PJ y, por supuesto, de la bancada conducida por José Luis Gioja. A su favor, el delegado de Santiago del Estero es recordado por su ayuda al chaqueño Hugo Sager en la querella por la banca que él ocupa, la cual la Alianza consideraba «birlada» por el justicialismo. La queja fue trasladada a organismos internacionales.

La Comisión de Asuntos Constitucionales dio despacho favorable al dictamen que habilita 3 plazas en el AGN --actualmente ocupadas por los peronistas Héctor Durán Sabas y Julio Casavellos, y el radical Fólica-, cuyos mandatos vencieron en enero de este año. Entre otras funciones, la Auditoría controla la ejecución presupuestaria, a pesar de que, curiosamente, tiene la «caja» en rojo porque el PEN le restringió los fondos.

El bloque logró imponer el número de firmas en el despacho de Asuntos Constitucionales, gracias a que Eduardo Menem adhirió en disidencia (debe respaldar a Durán, a pesar de que también simpatiza con uno de los postulantes, Mikkelsen). Interin, la puntana Liliana Negre de Alonso había empantanado la cuestión al solicitar que retiraran su rúbrica del dictamen por indicación de Adolfo Rodríguez Saá. El diputado Oraldo Britos le pidió al gobernador de San Luis que interviniera para defender a Casavellos, muy cercano al sindicalista de la Cámara baja.

Las definiciones del Senado sobre la Auditoría generaron una discusión con Durán Sabas, quien cuestionó que Asuntos Constitucionales dictaminara vencidos su mandato y el de un par de colegas. Su pronunciamiento fue solitario --reclamaba que sólo había cumplido 3 años en funciones, a pesar de que los mandatos duran 8 (olvidó que él estaba cubriendo el mandato en vigencia de otro auditor fallecido)-, pues hasta el mismo titular del cuerpo, el menemista Rodolfo Barra, le dio la razón a los senadores.