Una confusa situación se produjo ayer, cuando desde medios oficiales circuló la noticia de un fallo de segunda instancia en el cual se rechazaban los planteos formulados por Shell en la Justicia contra las denuncias por presunto desabastecimiento de gasoil que le formuló la Secretaría de Comercio Interior. La versión intentó establecer que la Justicia había respaldado la acción del titular del área, Guillermo Moreno.
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Según la versión que salió de fuentes del Ejecutivo, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico rechazó un requerimiento del presidente de Shell, Juan José Aranguren, para que las denuncias por desabastecimiento, formuladas por Moreno, se consideraran un único delito. Dispuso la investigación conjunta de «los distintos comportamientos denunciados».
De acuerdo con las mismas fuentes, la cuestión tiene relevancia porque, de haber prosperado el planteo de la empresa, las 45 multas de $ 1 millón cada una se hubieran podido reducir a una sola de 1 millón.
Siempre en la versión oficial, el tribunal dispuso que no correspondía juzgar al presidente de Shell y a los restantes miembros del directorio de la empresa según las previsiones del juicio correccional que establece una pena de hasta tres años de prisión, ya que según la Ley de Abastecimiento 20.680 -cuya vigencia no habría cuestionado la Sala II, según las mismas fuentes- se pueden aplicar penas de prisión de hasta cuatro años de cárcel.
Por su parte, Shell informó que en setiembre la Cámara en lo Penal Económico rechazó la denuncia de la empresa por «discriminación» contra la Secretaría de Comercio Interior, frente a lo cual la petrolera se dirigió a la Corte Suprema para presentar un recurso extraordinario.
Revocatoria
Según la empresa, la semana pasada, la Cámara revocó una resolución del juez Marcelo Aguinsky, que asignaba el carácter de juicio correccionalal trámite judicial iniciado por las denuncias de Comercio Interior.
La fuente empresaria señaló que «la decisión se sustentó en que las actuaciones penales elevadas por Comercio tienen el carácter de denuncias penales y, por lo tanto, debe existir requerimiento fiscal para la continuidad de la acción penal». Agregó que «la falta de cumplimiento de estos requisitos constituyó, a criterio de la sala, una inobservancia de la ley procesal vigente en materia penal».
Está claro que Shell llegará hasta la Corte para dirimir esta situación. También que la Justicia en segunda instancia dispuso la unificación de todas las denuncias contra Shell en un solo juzgado, y luego del sorteo, las causas quedaron radicadas en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 2 de la jueza Marta Novatti. Ahora, tendrá que intervenir el fiscal y presentar las pruebas, lo que permite prever un largo procedimiento judicial.
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