Por decreto, buscan frenar juicios de las privatizadas

El gobierno busca evita juicios de las empresas privatizadas por incumplimiento de los contratos de concesión, debido a que el próximo 1 de julio vence el plazo fijado por el Decreto 293 para terminar las renegociaciones, cuando en realidad todavía no comenzaron.

Por esa razón, por el Decreto 1.090 conocido ayer, el gobierno resolvió que los concesionarios que efectúen reclamos por incumplimiento contractual por parte del Estado nacional quedarán excluidos del proceso de renegociación de los contratos.

La medida causó más malestar en las compañías privatizadas, que interpretaron al decreto como una nueva manifestación de inseguridad jurídica.»Por medio de un decreto se está tratando de pasar por encima de los convenios de protección recíproca de las inversiones firmados entre la Argentina y varios países del mundo», aseguró el representante legal de una empresa gasífera.

Según los considerandos del Decreto 1.090, «el proceso de renegociación podría verse obstaculizado por eventuales reclamos que formulen los concesionarios», por lo que «resulta necesario limitar los procesos renegociadores a aquellas concesiones en las cuales los concesionarios se abstengan de efectuar nuevos reclamos durante el transcurso del proceso».

La mayoría de las privatizadas había hecho la salvedad de que no resignarían el derecho de acudir a tribunales internacionales, cuando comenzaron la negociación con la comisión nombrada por el Decreto 293, instancia que en la práctica dejó de funcionar cuando Jorge Remes Lenicov se fue del Ministerio de Economía.

•En reserva

La lista de las empresas que ya presentaron quejas o denuncias por incumplimiento de los contratos invocando los tratados de protección recíproca de inversiones, se mantiene en reserva. El secretario legal y técnico del Ministerio de Economía, Eduardo Pérez, dijo ante una comisión parlamentaria hace dos semanas que había 25 presentaciones ante organismos internacionales. Pero la lista incluiría a empresas que no entran dentro de la renegociación prevista por la Ley de Emergencia Pública, como las privatizadas de jurisdicción provincial y otras que no tienen contrato de concesión como el caso de una generadora eléctrica que compró la empresa y opera un servicio que está desregulado.

Por otra parte, en la mayoría de los casos fueron los accionistas extranjeros de las privatizadas los que se presentaron ante tribunales internacionales como es el caso de British Gas, pero no la concesionaria local. De todas formas, entre los gerentes legales de las compañías, ayer se dudaba si quedarían comprendidas dentro del decreto, las empresas cuando los que se presentaron son los accionistas mayoritarios.

•Contradicción

El decreto tiene además una contradicción importante. Por un lado, en el artículo primero indicó que «todo reclamo por incumplimiento de los contratos, entre concesionario y concedente» que se plantee antes de que esté dictado el decreto que refrende los acuerdos de renegociación o la recomendación de rescisión,»deberá ser incluido en el proceso de renegociación y formar parte del acuerdo».

Esto se interpreta en el sentido de lo expresado hace unos días por el ministro Lavagna, en el sentido de que tanto el Estado nacional como las empresas privatizadas tienen que quedar protegidas de reclamos por incumplimientos. Se presumía que esto incluía desistir de reclamos a las compañías por no concretar inversiones obligatorias o no cumplir con estándares de calidad fijados en el contrato.

Sin embargo, el artículo segundo del decreto conocido ayer también estableció que «los concesionarios deberán mantener la calidad de los servicios públicos involucrados y velar por la salubridad y la seguridad de la población por hechos, acciones u omisiones derivados del contrato respectivo».

La exigencia de cuidar la salubridad y la seguridad forman parte de lo razonable e inclusive de lo aceptable por las empresas, ya que cualquier descuido le originaría acciones judiciales, civiles o penales.

Pero el requisito de la calidad de los servicios públicos es materia de interpretación. Para mantener los estándares de calidad, las empresas tendrían que invertir, y de hecho tienen las tarifas pesificadas y congeladas desde la devaluación, algunas entraron en default financiero y la mayoría anunció que carece de recursos para un adecuado mantenimiento.

En este tema, como en el de los bancos, una parte del gobierno y algunas asociaciones de consumidores creen que los accionistas mayoritarios deberían hacer aportes de capital frente a la crisis argentina.

Pero no se advierte que haya voluntad de hacerlo, por lo cual la calidad del servicio, y aun ciertas medidas de seguridad, podrían verse afectadas si los costos siguen subiendo y no se pueden cubrir con los ingresos, debido a la morosidad y a la caída del consumo.

Ayer, el presidente Duhalde dijo ante inversores extranjeros que aceleraría las renegociaciones, haya o no acuerdo con el Fondo, y llamó a una nueva reunión con empresarios para el 20 de julio para evaluar los avances. Pero las empresas interpretan que por lo menos hasta ese día no habrá decisión sobre tarifas.