Por ola estatizadora, Chávez ya sin inversión extranjera
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El registro de inversiones directas en Venezuela sólo es superior al de Hungría en una lista de 34 países publicada por la Unctad e incluida en el informe del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri).
La adquisición de empresas por parte del Estado, algunas mediante expropiación, aumenta la sensación de inseguridad jurídica y de falta de protección de las inversiones existente en Venezuela, según los expertos.
Actualmente, entre las principales empresas extranjeras que mantienen inversiones en Venezuela se destacan Nestlé y Cargill en la industria de alimentos, la telefónica española Movistar, los laboratorios farmacéuticos Pfizer y Merck, la automotriz General Motors y la filial del español Banco Bilbao Vizcaya, según Conapri.
Para Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, los empresarios extranjeros «desarrollan inversiones en función del retorno esperado y de si están protegidas desde el punto de vista de la capacidad de repatriación de capital y de generación de rendimiento en el futuro».
En Venezuela «las empresas están sometidas al riesgo de que el Estado decida en un momento determinado declararlas de utilidad pública, tomarlas o comprarlas», por encima de la conveniencia económica, dijo León.
Las empresas que desean invertir en Venezuela revisan también el riesgo-país, que se ubica en 648 puntos, nivel sólo superado por el de la Argentina, pero más del doble que en Brasil y Colombia, según datos del Ministerio de Finanzas en Caracas.
Para los empresarios que han crecido gracias a los planes gubernamentales de desarrollo, las nacionalizaciones permitirán a las pequeñas industrias asociarse con el Estado e impulsarán nuevas inversiones.
«Está saliendo un grupo de transnacionales para que entre otro grupo de transnacionales», dijo Alejandro Uzcátegui, presidente de Empresarios por Venezuela, de tendencia gubernamental, en referencia a los proyectos de inversión entre Venezuela e Irán, Bielorrusia, la Argentina y Brasil, entre otros.
Pero según Ochoa, los convenios entre estos gobiernos son operaciones «simbólicas en un proceso de integración política» y no tienen ningún impacto en el desarrollo de las inversiones en Venezuela.


