Por qué el país es más riesgoso que Perú o Croacia

El riesgo-país -la sobretasa que paga un país sobre la tasa internacional-, se ha transformado en los últimos tiempos en la Argentina en un dato cotidiano y pareciera tener la función, que en los años ochenta tenía diariamente para medir la marcha de la economía, la tasa de inflación o el precio del dólar.
Analizada en términos internacionales, la calificación del riesgo-país de los llamados «países emergentes» -categoría que integra la Argentina-, vemos que la Argentina, aún con la mejoría que implicó la designación como ministro de Economía de Ricardo López Murphy, ocupa el puesto 19 entre los 27 «emergentes».

En el contexto mundial, la Argentina es considerado un país más riesgoso que estados como Croacia, Sudáfrica y Líbano, que han sufrido crisis mucho más graves que la nuestra, más riesgoso que países como Marruecos, que en los hechos no vive en democracia y que Argelia y Filipinas, donde el terrorismo fundamentalista es un factor de inestabilidad política.

En el contexto de América latina, la Argentina es considerada más riesgosa no sólo que Chile, México y Panamá, sino que también paga más tasa que Colombia y Perú en los cuales la inestabilidad, ha sido muy fuerte en los últimos meses, en el primer caso por la violencia y en el segundo por los conflictos institucionales.

El análisis del caso argentino en este contexto, muestra claramente que las variables políticas e institucionales, pesan muy poco en el riesgo-país. Ello no quiere decir que la coyuntura política no incida, dado que la Argentina es el país de América latina con expectativas económicas hipersensibles a la política, ya que una declaración de Alfonsín o Alvarez, produce en el riesgo-país el impacto que no genera en Brasil una crisis en la coalición de gobierno.

El ingreso per cápita de la Argentina, es muy superior al de la mayoría de los emergentes que tienen menor riesgo-país y en promedio, el país tiene mejores indicadores en materia educativa y cultural, pero ello no incide, o por lo menos influye poco en la determinación del riesgo.

El análisis del riesgo provincial argentino, corrobora la baja incidencia que tienen los factores políticos, institucionales y sociales, en la calificación de riesgo.

El presidente De la Rúa se planteó como objetivo desde el inicio de su gestión alcanzar el ansiado «investment grade», cuya denominación es la calificación Baa3. En la realidad, la Argentina se fue alejando de dicha calificación en los últimos meses y ya es prácticamente imposible que la alcance en lo que resta del mandato del actual gobierno.

Sin embargo la provincia de Salta, obtuvo de la calificadora Moody's el investment grade para sus bonos, en una operación por 234 millones de dólares, con vencimiento en el año 2015.

El ingreso per cápita de Salta es aproximadamente la mitad del que tiene la Argentina. Las tensiones sociales y el desempleo son muy altos, como lo demuestran los cortes de rutas y los saqueos que tuvieron lugar en Tartagal y Mosconi en noviembre del año pasado y el sistema político está concentrado en las manos de una familia -los Romeroque controla las dos cámaras y el poder provincial. Los indicadores educativos y culturales de Salta, también están por debajo del promedio del país.

El mismo mes de febrero, en el cual los bonos de Salta obtenían el «investment grade» de Moody's, con el Baa3, Standard & Poor's calificaba como BB menos a los bonos que por 200 millones de dólares de euros colocaba la provincia de Buenos Aires, con vencimiento en 2004.

Es decir que los bonos de Buenos Aires son mucho más riesgosos que los de Salta, aunque la primera provincia tiene un ingreso per cápita que es el doble, mejores indicadores en casi todos los rubros y un sistema político en el cual el Ejecutivo provincial gobierna con las cámaras en manos de la oposición, en una muestra de pluralismo.

La razón por la cual un bono de Salta es más confiable que la deuda soberana de la Argentina o un bono de la provincia de Buenos Aires, es que los bonos salteños están garantizados con 80% de los pagos mensuales de regalías por parte de varias empresas concesionarias que producen gas y petróleo en la provincia. Es decir que la garantía salteña es más confiable que la del país pese al blindaje.