Positivo: apura gobierno ahora nueva ley para ART

La negociación entre el gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) por la legislación sobre accidentes de trabajo se reanudó ayer, cuando el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se encontró a almorzar en el Yacht Club Argentino con el abogado Daniel Funes de Rioja, principal asesor laboral de la central fabril.

No será la única ni la última reunión: versiones indican que la ministra de Economía, Felisa Miceli, recibiría en forma inminente al propio Funes de Rioja, que concurriría con el directivo de la industria naviera (y también especialista en temas laborales) Horacio Martínez. La inminencia de este encuentro fue adelantada ayer por este diario, y surgió del almuerzo al que fue invitada la funcionaria en la sede de la UIA.

• Objetivo

Según pudo averiguar Ambito Financiero, el propósito de la reunión con Tomada fue explicarle que la UIA en ningún momento quiso «puentear» a la cartera laboral, dado que el día anterior Miceli les había prometido estudiar el complicado tema de la ley de riesgos de trabajo. El funcionario habría expresado «no hay problemas», y sólo habría manifestado cierto disgusto por las declaraciones de un dirigente de la UIA -sureño, para más datos- que por una radio recordó que la entidad había puntualizado «ochenta objeciones» al proyecto Tomada.

En la actualidad, hay dos iniciativas de ley de ART dando vueltas, sin que ninguna de ellas logre el consenso necesario para tomar estado legislativo. Una, muy cuestionada por la UIA, había sido elaborada por Tomada y sus asesores y, además de abrir la puerta a la denominada «doble vía» en pleitos por accidentes laborales (el cobro de la indemnización fijada por ley no inhabilita concurrir a la Justicia para reclamar un monto superior) en línea con un fallo de la Corte Suprema, introducía el fantasma más temido por los empresarios: la cogestión obrero patronal en áreas muy sensibles, que llegaban incluso hasta la elección de las materias primas que se emplearían en las plantas fabriles.

El otro proyecto, en sentido inverso, había sido sometido por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna al escrutinio de la UIA, que lo adoptó como propio. La ministra Miceli, en el almuerzo con la central fabril, poco menos que se comprometió a tratar de compatibilizar ambas iniciativas. Miceli no advirtió, o eligió ignorar, que el tema escapa a las incumbencias de su cartera. Obviamente, una cuestión laboral debe recaer en Trabajo, y Economía sólo puede «dar una mano» a la hora de definir algunos puntos. En los hechos, quizás influenciada por la actitud proactiva de su predecesor en el cargo o por gozar hoy de una cercanía mayor al Presidente que la que tiene Tomada, la ministra eligió un rol más protagónico.

• Decisivo

Lo que habría inclinado la balanza en esa dirección fue el discurso de Funes de Rioja, quien -luego de que otros dirigentes como Cristiano Rattazzi expusieran sobre la necesidad de incrementar la capacidad productiva como remedio para la inflación- enfatizó que la nueva ley laboral, tal como había salido de Trabajo, sería un grave impedimento para la llegada de esas deseadas, esperadas inversiones. La ministra le dijo al abogado: « Entonces, pongámonos a trabajar ya mismo. ¿Cuándo podés venir a mi despacho para estudiar los dos proyectos? Que sea cuanto antes».

En la carpeta que Funes de Rioja llevará al Palacio de Hacienda también obraría una copia del Acuerdo Social firmado en España para evitar conflictos laborales y reclamos salariales «desmedidos» (léase, por encima de la suba de la productividad), otro de los temas que les quitan el sueño a los miembros de la UIA.