Preocupante: aumentaron los conflictos laborales

La dirigencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) irá hoy a verlo al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con dos preocupaciones centrales: el incremento casi exponencial de los conflictos laborales y el hecho de no haber sido convocados para discutir la futura ley de riesgos de trabajo. En este sentido, los hombres de la central fabril le llevarán al funcionario un adelanto del proyecto de ley que están elaborando sus cuadros técnicos.

La idea de los industriales es al menos ser tomados en cuenta al momento de elevarse al Congreso la iniciativa de legislación sobre un tema que se convirtió en «de emergencia» desde que la Corte Suprema de Justicia declaró «inconstitucional» los topes a las indemnizaciones por accidentes de trabajo.

Seguramente quienes concurran hoy a las 19 al despacho de Tomada en la sede de la cartera laboral serán los mismos que discutieron el combate «salarios vs. inflación» con Roberto Lavagna la semana pasada. En esa ocasión, tal como adelantara este diario, el titular de Economía prácticamente les exigió a los empresarios dejar de negociar con la CGT el tema salarial, a fin de contribuir a descomprimir las expectativas inflacionarias.

• Respuesta

Los industriales le respondieron que estaban de acuerdo en hacerlo, que los «gordos» también habían pisado el freno en los reclamos, pero se quejaron de la actitud «ambigua por decirlo suavemente» que exhibía Trabajo ante cada paro o conflicto. Lavagna habría tomado nota del reclamo y prometido transmitirlo a su colega.

Por eso, esta tarde Alberto Alvarez Gaiani, Héctor Méndez, Héctor Massuh, Juan Carlos Sacco, Federico Nicholson, Luis Betnaza, José Ignacio de Mendiguren, Adrián Kaufmann Brea y el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja le pedirán a Tomada que eche mano más seguido al mecanismo de la conciliación obligatoria; este resorte, que congela por cerca de un mes y medio los conflictos que puedan plantearse, le daría al gobierno la pausa que dice necesitar para que la cuestión salarial no influya de manera negativa sobre los índices de precios.

Funes de Rioja tendría preparada una presentación en «power point» (la misma que llevó al Palacio de Hacienda) en la que se muestra el incremento de la conflictividad laboral en el último semestre, que acompañará con ejemplos de huelgas que parecen arrancadas de otra realidad económica:

• Una de las mayores empresas petroquímicas del país dice tener un salario promedio (con horas extras incluidas) de $ 3.500; sin embargo, la comisión interna habría pedido dolarizar los ingresos de los trabajadores.

• La industria naviera enfrenta también un conflicto que -según dice la cámara que los nuclea-«paralizó los puertos argentinos». El gremio, además de aumentos salariales, reclama menos horas de trabajo y mayor rotación en los turnos, lo que a su vez debería traducirse en contratación de más personal.

• Otra gran empresa, láctea en este caso, tiene un básico de $ 960, luego de haberle aumentado a su personal casi 100% desde el fin de la convertibilidad. Ahora, la ATILRA (el gremio de la industria lechera) pide 40% de aumento adicional.

• Los pesqueros, en virtud de que buena parte de la captura se exporta a Europa, piden atar los salarios al euro.

Pero además de pedirle ayuda para frenar estas complicaciones, los industriales reclamarán nuevamente por los peligros que implica la legislación sobre accidentes de trabajo.

Lo curioso es que esta vez no tienen como aliados a las ART, porque éstas se encuentran protegidas por el tope indemnizatorio de siete salarios, no así las empresas, que deberán pagar lo que decida la Justicia cuando el accidentado recurra a la vía judicial. Off the record, los empresarios aducen que el total de los costos recae sobre ellos, y ahora las mismas empresas de seguros dueñas de las ART les ofrecen pólizas contra la vía civil. Agregan que quizá las grandes empresas puedan pagar esos seguros, pero para las pymes es impensable afrontar ese costo adicional.

En este sentido, el boceto de anteproyecto incluiría, por caso, un tope a los honorarios de abogados, como método para desalentar la industria del juicio. Y pedirán regímenes diferentes para ramas de la economía, argumentando que los riesgos de las empresas industriales son totalmente diferentes de los de las de servicios (entidades financieras, comercio).