Preocupante: perderían provincias $ 870 millones
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A lo largo de los '90 las provincias han recibido la administración de las principales funciones sociales sin que esto haya sido correspondido por la contrapartida en las fuentes de financiamiento. Durante la década de los '80, las provincias ejecutaban 28% del gasto público consolidado; en los '90 dicha proporción se incrementó a 38 por ciento.
Comparado el año 2000 con 1999, las provincias redujeron más el gasto primario (gasto total sin incluir los intereses de la deuda pública) que la Nación, siendo el ajuste para las primeras de 4,1% mientras que Nación lo redujo 2,3 por ciento.
Los tributos provinciales tienen mayor sensibilidad al ciclo económico que los tributos nacionales. Cuando el nivel de actividad decrece, los tributos provinciales decrecen en mayor magnitud que los impuestos nacionales. En el caso de los impuestos municipales, la disminución es aún mayor (infografía).
De repetirse escenarios de reducción de la recaudación de la masa coparticipable hasta fin de año, la quita de la garantía a las provincias provocaría un déficit para el conjunto de $ 870 millones en lo que resta del año, mejorando el déficit nacional pero trasladando en la misma magnitud el déficit a las provincias.
Recursos
Estos $ 870 millones equivalen a una pérdida de recursos de $ 189 millones para Buenos Aires, $ 76 millones para Córdoba, $ 77 millones para Santa Fe, $ 42 millones para Chaco y Entre Ríos, $ 41 millones para Tucumán, entre los más importantes.
Estas pérdidas de recursos se transformarán, dadas las restricciones crediticias, en posibles emisiones adicionales de bonos o recortes forzados en gastos, que recaerían principalmente sobre los salarios de los empleados públicos.
La terrible concentración geográfica del poder económico y comunicacional en nuestro país hace que el lobby de los intereses económicos coincida en un espacio que se siente fuera de «las provincias».
No parece ser la solución más adecuada insistir con los tipos de ajuste tradicionales como el que plantea el compromiso ante el FMI de quitar la garantía de coparticipación a las provincias.




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