Presionan empresas para que suba la luz

La Cámara Argentina de Inversores en el Sector Eléctrico (CAISE) advirtió que a partir del año próximo comenzará a haber serios problemas de abastecimiento de energía en todo el país, producto de la caída de la inversión tras la devaluación y pesificación asimétrica, a lo que se suman desajustes reglamentarios evidenciados en años anteriores. Al respecto, Francisco Mezzadri, presidente de la CAISE, advirtió que «un aumento de 10% en la tarifa no es una solución de fondo para el problema».

Mezzadri y el presidente de Total Austral, Jacques Chambert-Loir, brindaron ayer una conferencia de prensa en representación de la CAISE, en la cual dieron a conocer un dossier titulado «La electricidad en la Argentina, un gran logro en graves problemas», donde presentan un difícil panorama para el sector de aquí al futuro, advirtiendo -en plena discusión sobre el aumento de tarifas- que como «desde 1998 se produjo una fuerte desinversión, los problemas comenzarán a notarse en 2003» y derivarán en una «crisis inevitable en la energía eléctrica para 2004».

Según explica el documento elaborado por CAISE, el sector requiere un ritmo anual de inversión de u$s 1.000 millones, más unos u$s 500 millones para la expansión de redes de transmisión y distribución, los cuales deja-ron de darse a partir de 1998, razón por la que «la Argentina será un país con carencias y fallas de abastecimiento eléctrico a partir de algún momento del bienio 2003-2004».

Para la CAISE, en dicho período el país ingresaría en una «zona de desabastecimiento potencial» que, de no mediar cambios, desembocaría en una «zona de desabastecimiento efectivo» en el bienio 2005-2006. El desenlace dependerá del nivel hidrológico en dichas temporadas.

• Convergencia gradual

Mezzadri no quiso explayarse en propuestas de soluciones para el sector, pero indicó que en el nivel microeconómico «sería necesario un sistema de convergencia gradual del nivel de precios y tarifas que permita la viabilidad económico-financiera de las empresas», y aclaró que «10% de aumento no sería suficiente», ya que igualmente se resentirá fuertemente el mantenimiento de equipos debido a que «se requieren materiales importados para repuestos y, además, las deudas y los seguros están en dólares».

Trazan también en la CAISE una comparación a nivel internacional, donde el costo por mwh es de u$s 69 para tarifas residenciales en Canadá, y en Japón llega hasta u$s 194, pero en la Argentina apenas llegaría a u$s 25, con un dólar a $ 3,60, cuando previo a la devaluación trepaba a u$s 89.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de que pidan una reducción impositiva, Mezzadri se expresó negativamente y Chambert-Loir resaltó que «es el sector eléctrico el que está subsidiando a otros sectores de la economía: aquellos que están exportando sus productos y que pagan un tercio de la tarifa eléctrica». Señalan, además, que el sector eléctrico es «discriminado frente a la libertad registrada en otros mercados para la adaptación de sus precios».

• Inversiones

En el documento publicado, la entidad recordó que desde 1991 se inició un proceso que alcanzó inversiones del orden de los u$s 12.500 millones -entre las más de 80 empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras- y equiparó ese modelo a un marco de «transparencia y seguridad jurídica inobjetables» que, a su juicio, dejó de existir en el país.

Mezzadri planteó que, además de las medidas microeconómicas, es necesario que haya replanteos macro, «decisiones políticas que tienen que basarse en fundamentos técnicos».

Desde la CAISE aclararon que no pretende ser «tremendista ni decir que mañana nos quedaremos sin luz», pero, tras informar que no se oponen a las llamadas tarifas sociales, advirtieron que «el gobierno debe entender que estamos en el punto más bajo del deterioro».

Al decir de la CAISE, los tres actores del sector eléctrico -generación, transporte y distribución- «requieren una recomposición de la ecuación económica del negocio y una tasa de rentabilidad internacionalmente razonable en el mediano y largo plazo», ya que «al default financiero y las pérdidas patrimoniales registradas se sumarán otros desequilibrios, y el conjunto provocará inconvenientes que progresivamente afectarán la disponibilidad de crecimiento del servicio eléctrico, perjudicando en forma directa al usuario de todo tipo, residencial e industrial, y las posibilidades de crear empleo en el futuro».